Fernando Irala
Se llama Fondo de Pensiones del Bienestar, palabra ésta que se ha utilizado hasta el exceso para nombrar los proyectos y programas sociales del actual régimen, pero por lo pronto se ha generado lo contrario, un profundo malestar e incertidumbre que para financiar un incremento en las jubilaciones de los trabajadores de menores ingresos se pretenda apropiarse de los fondos no reclamados por las aportaciones no reclamadas de quienes hayan rebasado la edad para retirarse, entre los 70 y los 75 años.
Muchas voces han calificado la reforma legal que hoy se discutirá en el pleno de la Cámara de Diputados, como un robo, una ilegalidad que además exhibe evidentes propósitos electorales, cuando faltan seis semanas escasas para los comicios presidenciales.
Aducen los voceros oficialistas que no hay tal atraco, pues cada viejito que decida reclamar sus fondos hurtados lo podrá hacer. Pero ya sabemos todos del tiempo y los laberintos por los que debe transitar cualquier ciudadano para reclamar sus legítimos derechos ante la burocracia, por lo que no es difícil imaginar el calvario al que se enfrentarán los reclamantes o sus deudos a la hora de intentar recuperar sus dineros.
En los recientes años, hemos visto la desaparición de fondos y sistemas creados a lo largo de decenios para garantizar y sustentar derechos y necesidades de la población, desde los dedicados a enfrentar desastres naturales hasta los que atendían la salud de quienes no cuentan con seguridad social, que son la mitad de los habitantes. Todo ello, sin que se hayan diseñado mecanismos eficaces para resolver las diversas problemáticas, con lo que se ha dañado gravemente la calidad y la expectativa de vida de los más expuestos y necesitados.
Como en todas las reformas del régimen actual, una vez dada la orden de aprobar un tema, aunque se sospeche como es el caso de un despojo histórico a millones de trabajadores en su etapa más vulnerable de vida, ni la prudencia ni la decencia tienen lugar, y los legisladores afines al gobierno las votan con la instrucción de no modificar ni una coma.
Ahora sin embargo, una mano negra sí modificó el dictamen aprobado en comisiones, para incluir en el asalto a los trabajadores que en avanzada edad se mantienen en activo. Descubierta la trampa, tuvo que corregirse y minimizar el “error” doloso.
Como otras reformas anticonstitucionales, el asunto terminará en manos del Poder Judicial.
¿Por qué no, ante un tema tan polémico, dar espacio al análisis de expertos, la opinión de los involucrados y la defensa de los afectados?
La respuesta es evidente. Consumar el asalto y luego lo que venga.
