CIUDAD DE MÉXICO.- El exministro Arturo Zaldívar está ‘bajo los reflectores’: el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emprendieron una investigación formal en su contra por posibles hechos de corrupción, extorsión, enriquecimiento ilícito y otras conductas, de acuerdo con información del periodista Arturo Ángel.
La indagación incluye al expresidente del máximo tribunal de justicia, así como a otros funcionarios y exfuncionarios cercanos al mismo.
La indagatoria lleva por número J/108/2024. Y en las irregularidades reportadas -y divulgadas en Notitia Criminis- también se implica a la exprocuradora Arely Gómez, quien en la semana fue designada auditora general de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El periodista Arturo Ángel indica que la actual presidenta de la Suprema Corte Norma Piña instruyó la apertura de la indagatoria tanto al CJF, así como a la Unidad General de Responsabilidades Administrativas de la SCJN. En el escrito se señala que Zaldívar habría vulnerado la autonomía e independencia de múltiples operadores del sistema de justicia con la finalidad de “satisfacer intereses personales o de terceros”.
Así, el documento detalla que se ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero.
“Los brazos operadores de Zaldívar para ejercer estos actos ilícitos, de acuerdo con la denuncia, fueron la referida excontralora Arely Gómez, así como el magistrado Jaime Santana Turral, quien estaba a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF”, explica Arturo Ángel.
Según la investigación publicada en el medio Notitia Criminis, más de 50 jueves y magistrados habrían aceptado resolver asuntos penales, administrativos y civiles en los sentidos que les eran indicados.
En otro apartado se indica que Zaldívar se habría confabulado con el exconsejero de la presidencia, Julio Scherer, para operar indebidamente diversos casos.
La denuncia citada también refiere que la colaboración entre Carlos Alpízar Salazar, exsecretario General de la presidencia de la Corte, con Scherer, le trajo beneficios políticos, así como la obtención de “grandes sumas de dinero; es propietario de ranchos, terrenos, casas y autos, todas propiedades millonarias”.
El periodista develó que la investigación fue iniciada en contra de Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector general del Instituto de la Defensoría Pública Federal y actual jefe de la ponencia de la ministra Lenia Batres.
Otros de los implicados son Carlos Alpízar Salazar, exsecretario General de la presidencia de la Corte y considerado mano derecho de Zaldívar; y Edgar Manuel Bonilla del Ángel, extitular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.
AM.MX/fm
