Fernando Irala
El sexenio se aproxima a su fin, le quedan poco más de ocho meses de vida, pero ya desde ahora es posible vislumbrar los grandes pendientes que nos dejará, pues muchos problemas no sólo no se han resuelto, sino que ahora son de mayor magnitud.
La pobreza y la desigualdad siguen siendo gravísimos rezagos en la realidad mexicana, y los programas sociales operan dádivas masivas que no resuelven estas injusticias estructurales, sino sólo las administran. Ha sido un sexenio de nulo crecimiento económico, en que a final de cuentas todos somos un poco más pobres.
Los estudios internacionales han documentado el retroceso en materia educativa. Nuestros niños y jóvenes están hoy más impreparados que hace un lustro, y con ello el país tiene menos posibilidades de desarrollo y creación de riqueza.
Del drama de la salud no hace falta argumentar mucho. El desmantelamiento de los sistemas públicos de atención ha sido una estrategia criminal que la población ha pagado con sufrimiento y muertes absurdas. La última ocurrencia de la farmaciotota ha añadido la burla a la tragedia nacional en la materia.
Cuando el actual gobierno se inició, la criminalidad era ya uno de los graves problemas; ahora lo es mucho más, y la política anunciada desde el inicio de “abrazos, no balazos” se ha llevado a cabo puntualmente hasta la fecha, con resultados evidentes: estamos ante el sexenio más sangriento desde que este fenómeno se hizo notable, y zonas cada vez más extensas del territorio nacional están bajo control de delincuentes; ya hasta en la capital de la República ocurren extorsiones, cobro de derecho de piso y ejecuciones impunes.
Por otro lado, la militarización del país ahora abarca buena parte de las tareas gubernamentales. No se cumple con ofrecer seguridad pública, pero en contraste las fuerzas armadas son constructoras, administradoras y operadoras de puertos y aeropuertos, vías de comunicación, empresas estatales y otros muchos rubros.
En vez de encaminarse a una entrega ordenada de la administración, desde Palacio Nacional se anuncia la intención de continuar la destrucción de instituciones que garantizan derechos de los ciudadanos, por la sencilla razón de que estorban a los propósitos dictados desde el poder.
A un lustro de haber arrancado el régimen, el balance es terriblemente negativo; en los próximos meses puede ser peor, mucho peor.
