Federico Berrueto
El populismo feminista está al día, promovido y avalado por consejeros del INE, magistrados electorales y ministros de la Corte. Lo más respetable y sensato del espectro jurídico se ha vuelto rehén de la exigencia para que las mujeres alcancen mayor presencia en los cargos de elección, objetivo irrefutable, pero no a costa del proceso de democratización en la selección de candidatos y del derecho a ser votado. Los legisladores han sido omisos en legislar y esto ha llevado que sea el INE el que defina “lineamientos” que exceden sus atribuciones, como bien lo ha determinado el Tribunal Electoral.
Empoderados misóginos con un pasado de abuso y acoso a la mujer se suman a la causa en un afán de eludir responsabilidad, no de culpa ni arrepentimiento. En todo el país se padece la desigualdad de género, problema estructural y profundo, aunque la Corte tenga una presidenta por primera vez en su historia, que las Cámaras del Congreso sean presididas por mujeres, al igual que sean féminas las titulares de Seguridad Ciudadana y de Gobernación, como muchas otras en altos cargos en el gobierno y órganos autónomos, además de que seguramente una mujer será presidenta de la República. Pero esto no cambia la realidad: la desigualdad en oportunidades, labores y remuneraciones, la violencia en todas sus expresiones contra la mujer, el reiterado e impune acoso por superiores jerárquicos, etc., etc., etc.
El país está muy lejos de la igualdad porque esta agenda no se ha abordado de manera estructural. El prejuicio está presente y le imputa a la mujer un rol social que conspira contra la igualdad. La agresión física contra la mujer y el feminicidio apenas empiezan a visibilizarse, con regateo y con la idea de que es un problema menor, de otros, aislado, cuando su realidad es cotidiana y está en todas partes. Minimizar esta oprobiosa realidad conduce a desaparecerla de la agenda social y política.
Más mujeres en cargos de autoridad no necesariamente conducen a una mayor igualdad de género sustantiva. La agenda de la mujer tiene que ver mucho más con la libertad y la democracia que con el régimen de cuotas impuesto en detrimento de los derechos electorales en los cargos unipersonales de elección. Esta dudosa y discutible alternancia de género por ahora beneficia a la mujer, resultado de que la mayoría de los cargos son hombres quienes los tienen. Vendrá el momento contrario, en que las mujeres sean excluidas del derecho a ser votados porque quien esté en el cargo pertenezca al mismo género, situación injusta e inaceptable.
El Frente de la oposición hizo bien en enmendar la designación de la dirigencia del PAN de definir candidato. No es un tema de género, sino de democracia. Que resulte quien sea, pero a través de un procedimiento democrático en el que, por cierto, el uso de las encuestas no lo es y menos sin estar precedido por una auténtica competencia en la que el debate y la deliberación sean la manera de convocar y movilizar adhesiones.
El INE apremia a los partidos a definir candidatas, no a democratizar el proceso de selección de candidatos en términos tales que sea el voto el que determine. La igualdad no se gana por coartadas, sino definiendo las condiciones de equidad y ejercicio de libertad sin excluir a nadie por razones de género, condición social, raza o preferencia sexual. Es sano que en los órganos colegiados haya un esfuerzo de representación incluyente, el problema está en los cargos unipersonales, donde se requiere un debate a profundidad y que un acto legislativo defina los alcances de la agenda por la inclusión y la igualdad.
Para Morena ha resultado muy complicado cumplir con los lineamientos del INE de cuatro candidatas a ejecutivo local (es muy probable que el Tribunal Electoral excluya a Yucatán porque allí se legisló, así viene el proyecto de sentencia del magistrado Felipe de la Mata). La desigualdad sustantiva muestra que sólo en Veracruz una mujer encabeza los estudios de popularidad. La aplicación del criterio significa que en tres estados habrá candidata a contrapelo del resultado de la encuesta.
La realidad es que la democracia interna en los partidos no existe y no hay quien la defienda o promueva, a pesar de las iniciativas en tal sentido de hace décadas como la del magistrado Leonel Castillo. La encuesta jamás habrá de suplantar a la urna y el voto, mucho menos un régimen de cuotas.
