Fernando Irala
Doce días después del impacto en Acapulco del huracán Otis, la situación de emergencia no ha pasado; en cierto sentido, apenas empieza, y no se resolverá pronto.
A la falta de previsión y la reacción tardía luego del fenómeno, ha seguido el esbozo de un plan de reconstrucción cuyos recursos técnicos, humanos y financieros demorarán en lograr resultados.
En lo inmediato se ha impuesto la línea de siempre: minimizar el problema para evadir las críticas de ineficiencia, dar por supuestos avances que no existen y descalificar las denuncias. De la afirmación de que “no nos fue tan mal” se ha transitado a las cuentas alegres de que ya hay luz, agua, y que en diciembre Acapulco estará repuesto, aunque la evidencia indica que ni siquiera ha habido capacidad para recoger basura, escombros y desechos, reponer el alumbrado público, comunicar a las comunidades alejadas con sus caminos destruidos, y localizar a más de medio centenar de desaparecidos.
Pese a las despensas, las exenciones fiscales y los muy modestos apoyos económicos, el futuro de los habitantes del puerto y alrededores, sobre todo los más pobres, es absolutamente incierto.
Frente al optimismo oficial, los pronósticos serios hablan de por lo menos un año de reconstrucción, y los más pesimistas incluso hablan de dos. Demasiado tiempo para una población cuyo ingreso depende del auge del turismo, actividad a la que está ligada el resto de los negocios y empleos.
En el lapso que va de la escritura a la lectura de estas líneas, se ha puesto en movimiento una marcha de acapulqueños que se desplazarán desde el puerto al Zócalo capitalino, para reclamar del gobierno federal atención a su problemática, y exponer el abandono en que se sienten desde que el huracán los despojó de precarias viviendas y de sus escasos bienes, y agudizó la pobreza extrema y la desigualdad.
Después de Otis, ya nadie puede actuar como si nada hubiera pasado. Ni los diputados que no han recibido órdenes de arriba para reorientar el Presupuesto del año próximo, ni el gobierno en su conjunto cuya política desde hace un lustro es dispersar dinero mediante programas de dádivas que no resuelven nada, sólo mitigan las carencias, estrategia que hoy se muestra en toda su limitación.
¿Lo entenderá quien debe entenderlo, a tiempo, o estaremos ante el inicio de un conflicto social y político de grandes dimensiones?
Para acabarla, el desastre ha ocurrido precisamente en los prolegómenos de la inminente elección presidencial, que ya empezaba a verse emproblemada. Ahora puede deveras complicarse.
