Por Mouris Salloum George
La piratería, adulteración de marcas y contrabando de mercancías tienen en jaque a industriales del mercado mexicano. Calculan que el comercio ilícito alcanza al menos los 10 mil millones de pesos al año y que se han perdido 2.5 millones de empleos en una década.
El problema se complica para el sector productivo y para las autoridades federales ante la incursión de mafias del narcotráfico, que han visto mayor rentabilidad en la importación ilegal, el robo, y la falsificación de marcas.
En un foro reciente de industriales con autoridades y representantes de diversos sectores, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) denunció la creciente magnitud del fenómeno y la impotencia de las autoridades federales ante ese flagelo.
La presidenta del organismo empresarial, Esperanza Ortega, hizo un llamado al público: “Denunciemos, no compremos ese tipo de productos que sabemos que vienen de contrabando, que son piratas y que lastiman a la industria”.
Participantes del foro expusieron que el mercado mexicano de cigarrillos está invadido en un 19% de contrabando, procedente de China y Medio Oriente; lo cual significa pérdidas por 13 mil 500 millones de pesos (mdp) para el erario federal.
En el rubro de bebidas alcohólicas calculan pérdidas de 8,542 mdp para el sector, que afectan un 38% del mercado nacional.
El mencionado foro se realizó en el contexto del “Día nacional de combate al contrabando y delitos en materia de derechos de autor” – el 11 de octubre de cada año-.
Desde hace décadas, México padece los efectos destructivos de esa actividad ilegal, que lo tienen ubicado en el 4o. sitio a nivel mundial y en el primero en Latinoamérica.
Además de las bebidas y cigarrillos, entre los sectores productivos más dañados, están los de ropa y textiles, calzado, productos electrodomésticos y medicamentos.
Representantes de CANACINTRA señalan al Ministerio Público entre los primeros obstáculos en el combate a esos delitos. También exhortan al Sistema de Administración Tributaria (SAT); a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y a la Guardia Nacional, a mejorar su funcionamiento.
Esto porque desde hace décadas es conocida la corrupción en las aduanas del país, pero el problema persiste, agravado. Por lo mismo, los primeros en responsabilidad, por todos los daños que causan, son los agentes aduanales corruptos; y enseguida los productores y mercaderes de lo ilícito.
El mayor daño a la economía nacional se refleja en cierre de empresas y desempleo.
Se requiere una “reingeniería institucional de fondo” para atacar el delito y combatir la impunidad, plantearon los representantes.
En toda esta problemática, urge un enfoque integral. Es necesario considerar que ante lo caro o inaccesible que puede resultar una gran variedad de productos -sobre todo los utilitarios y las medicinas-; y ante el bajo poder adquisitivo de los estratos medios y pobres, muchos consumidores se ven en la necesidad de acudir a mercados informales.
Se debe emprender un análisis con amplitud de enfoques y con propuestas colaterales para fortalecer el poder adquisitivo; de otra forma, la industria nacional seguirá perdiendo terreno; mientras con la complicidad de autoridades otros se llevan las ganancias.
