CIUDAD DE MÉXICO.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no deberían resolver una probable acción de inconstitucionalidad, derivada de la eliminación de fideicomisos y de una parte del presupuesto para áreas no sustantivas del Poder Judicial, ya que serían juez y parte, advirtió Ricardo Monreal Ávila.
Ante la complejidad del escenario, “si el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación genera una controversia con el Poder Judicial, debería resolverse en última instancia por un plebiscito, un referéndum, o una consulta ciudadana”, sugirió.
Ello para que el pueblo o la ciudadanía sea quien determine a quién asiste la razón, si a los legisladores o a los ministros, dijo el senador con licencia.
Lo anterior, señaló, porque lo más probable es que el 33 por ciento de legisladores federales de oposición activen la acción de inconstitucionalidad para defender lo que consideran un ataque frontal al Poder Judicial Federal.
Pero así se inicia un problema constitucional mayor, aclaró, al ser el Poder Judicial juez y parte, ya que quien resolvería la acción serían precisamente los mismos ministros que se consideran afectados en sus percepciones económicas por el recorte presupuestal de la mayoría legislativa, además de que argumentan una extralimitación de otro poder.
Indicó que para este tipo de controversias existen dos alternativas, una de ellas es a través del Consejo de la Judicatura, que depende jerárquica y presupuestalmente del Presidente y de los ministros de la Corte, pero nunca se ha dado el caso de que este Consejo investigue a sus superiores, refirió.
Agregó, que otra vía para resolver las controversias es generalmente con el Legislativo, sin embargo, también es una parte interesada.
Señaló que los fideicomisos a cargo del Poder Judicial y a punto de ser eliminados por la mayoría en el Poder Legislativo, ascienden a los 15 mil millones de pesos.
Cuando alguien es juez y parte de una acción o decisión pública, donde además resulta que es el principal beneficiario aquí y en China, a esa situación anómala se le llama conflicto de intereses, subrayó Ricardo Monreal.
Ante ese escenario, indicó, la legislación y el sentido común indican que los 11 ministros deben declinar de conocer el caso y permitir que sea otra instancia quien resuelva.
En este caso de “hipercontroversia constitucional” procedería, a decir de Monreal, que ambos poderes en conflicto se sujeten a la fuente directa del poder originario de los poderes constitucionales: la voluntad mayoritaria del pueblo o de la ciudadanía.
“Así como ningún presidente de la República ni ningún legislador estamos por encima del escrutinio popular, así tampoco debe estarlo ningún integrante, ningún poder judicial u órgano autónomo”, subrayó.
Indicó que no se trata de populismo judicial, es ciudadanización de la justicia cotidiana que tanta falta le hace al país en estos tiempos.
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