CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, aseguró que en el Senado de la República están comprometidos para dar cumplimiento a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “siempre respetando estrictamente el principio de separación de poderes”.
Pero, dio a conocer en conferencia de prensa, valora la posibilidad de ejercer la facultad que la ley le confiere, como representante de esta Cámara, y exigir a la Suprema Corte la resolución pronta y prioritaria de diversos asuntos que han acumulado años de retraso.
“Ambos Poderes tenemos temas que no hemos podido resolver y que no solamente es el caso del Senado, porque a veces pareciera que sólo el asunto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es el tema que tenemos pendiente”, expresó.
Refirió que el Poder Judicial también tiene atrasos importantes, como la resolución de la Ley de Austeridad Republicana, “porque han esperado tantos años para resolverlo”, así como la resolución sobre quienes no han pagado impuestos durante muchos años, “y que siguen detenidos por la Suprema Corte”.
“Cómo es posible que la Suprema Corte resuelva de manera inmediata dar entrada a una controversia constitucional por el caso de los Libros de Texto y no pueda resolver si Ricardo Salinas Pliego tiene o no tiene que pagar sus impuestos”, aseveró.
Dijo que como Poderes de la Unión deben asumir su papel en la República, “sin convertirnos en el Poder que somete, humilla o evidencia al otro”.
Reiteró que el Senado de la República continuará con los trabajos necesarios para lograr los acuerdos que colmen la resolución de la Suprema Corte, pues tiene la obligación de cumplir con las atribuciones que la Constitución le confiere, entre las cuales se encuentra la designación y ratificación de distintas autoridades.
Sin embargo, apuntó que el cumplimiento de tales deberes es complejo y no depende de la voluntad de una persona o de una sola fuerza política.
Señaló que el nombramiento y ratificación de funcionarios por parte de una cámara legislativa constituye un acto de naturaleza política, que requiere tejer acuerdos, construir argumentos sólidos, convencer al otro de ellos y llegar a decisiones que más allá del propio juicio, sean en beneficio del país y de sus instituciones.
“La navegación para concretarlos requiere de la conjunción de múltiples factores, voluntad política, capacidad de negociación y altura de miras para construir consensos entre fuerzas de interés, ideas y plataformas distintas”, indicó.
Consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está consciente de esta complejidad, como lo ha evidenciado en numerosas resoluciones relacionadas con acciones del Poder Legislativo, “y esperamos que haga lo propio para abordar las múltiples omisiones que afectan la resolución de casos prioritarios para la vida pública del país”.
Aseguró que no se trata de iniciar un pleito con un Poder de la Unión, sino de evidenciar que todos tienen sus propias complejidades, “porque no es justo que se haga un escarnio sobre el Poder Legislativo; hemos sido tolerantes y muy respetuosos, cuando ellos también tienen omisiones muy grandes y que por algún motivo no han podido resolver”.
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