MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
¿Sabe usted de una estafa multimillonaria cometida hace 9 años por un particular y socios con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que galopa en la impunidad, en perjuicio de más de 4 mil ahorradores?
Mire usted.
La llamada “Estafa Maestra”, por 7 mil 670 millones de pesos, operada con la entrega de contratos ilegales, paulatinamente se diluye como un caso de ajuste de cuentas políticas y la maestra Rosario Robles rumia los años que estuvo en prisión como víctima de este cobro de facturas.
–¡No te preocupes, Rosario! –garantizó Enrique Peña Nieto a la entonces secretaria de Desarrollo Social a quien la oposición, que pronto llegaría al poder, acusaba de aquella estafa.
Similar garantía habría dicho Andrés Manuel López Obrador a Ignacio Ovalle Fernández, cuando debió relevarlo de la dirección general de Segalmex, una vez que la “Estafa Siniestra” por más de 15 mil millones de pesos era inocultable.
–¡No te preocupes, Nacho! –imagino habría dicho el licenciado presidente a Ovalle cuando lo designó Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, un cargo de bajísimo perfil en la Secretaría de Gobernación.
La impunidad en toda su expresión.
–¡Eso les pasa por ambiciosos! — dijo Mario Alberto di Costanzo Armenta, a unos 2 mil ahorradores que, a las puertas de la CONDUSEF, el 12 de diciembre de 2014 reclamaban la devolución de sus dineros fondeados en FICREA.
Sí, es la estafa multimillonaria que, en primer momento, afectó a 6 mil 400 ahorradores, muchos de ellos jubilados y pensionados que, incluso, junto con organismos del Poder Judicial locales y sociedades privadas confiaron en un atractivo esquema de inversión que resultó un timo montado en el mecanismo conocido como pirámide o piramidal.
Y no se trata de “ambiciosos”, como los calificó Di Costanzo.
¡Nooo!, Mario, no.
Son víctimas de todo un aparato que contó con el visto bueno de autoridades bancarias y hacendarias de la administración de Enrique Peña Nieto y que, el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado largas en una maraña burocrática que se teje en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Mire usted.
FICREA, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera Popular había sido intervenida el 7 de noviembre de ese año, 2014, por severas anomalías detectadas que llevaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a congelar 7 mil 70 millones 965 mil 212 pesos, propiedad de 6 mil 400 ahorradores.
Di Costanzo Armenta era, en esos días del sexenio de Enrique Peña Nieto, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), es decir, la autoridad responsable de defender y resolver el caso de los ahorradores timados por Rafael Antonio Olvera Amezcua, accionista mayoritario y presidente del Consejo de Administración de FICREA, y socios.
Olvera Amezcua huyó y fue detenido en Estados Unidos, extraditado a México está sujeto a proceso penal en el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, bajo la causa penal 35/2022-IV.
Se le requiere, ni más ni menos, responda por tres mil 500 millones de pesos que utilizó para inversiones personales y la compra de automóviles de lujo e inmuebles dentro y fuera del país. El resto de lo robado a los ahorradores existe físicamente y en efectivo, pero, por aquellas mágicas complicidades, no se entrega a los demandantes.
¿Por qué?
Porque desde aquel 12 de diciembre de 2014 que le refería, Mario di Costanzo y Jaime González Aguadé, entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acompañados por una pléyade de colaboradores, a la puerta de la CONDUSEF en la avenida Insurgentes de la capital del país, ante unos dos mil ahorradores aseguraron que se había logrado un acuerdo para continuar la operación de FICREA con ese u otro nombre y, sobre todo, sus ahorros estaban garantizados.
Di Costanzo y González Aguadé pidieron a los ahorradores tenerles plena confianza. Pero…
El 19 de diciembre González Aguadé informó a la prensa que, a FICREA le sería retirada la autorización para operar y, por ende, cerrada y, quienes tenían derecho al Fondo de Garantía lo cobrarían de inmediato.
De los 6 mil 400 timados, alrededor de mil 800 cobraron unos 130 mil pesos. Se trataba de pequeños inversionistas que con esa cantidad se dieron por satisfechos, mientras al resto que había invertido cantidades millonarias le pidieron esperar “algunos meses”.
Meses y años han corrido; más de 600 ahorradores han muerto. Nada se ha resuelto.
Promesas, acuerdos incumplidos, cobros millonarios con cargo a los ahorros intervenidos, como el que pretende Miguel Escamilla Villa por cuatro millones de pesos, en pago a sus “servicios” en calidad de Síndico del Concurso Mercantil en el que se declaró a FICREA.
En un mes habrán de cumplirse 9 años de concretado el multimillonario timo, que contó con el visto bueno de las autoridades bancarias y hacendarias, funcionarios públicos que permitieron la operación de FICREA en rieles ilegales como el hecho de que Olvera Amezcua fuera propietario de más de 90 por ciento de las acciones de esta Sociedad Anónima.
Los ahorradores han recurrido, incluso, al cierre del acceso principal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
¿Qué han recibido? Promesas, promesas…
Vaya, incluso, desde 2018 como candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador ofreció públicamente que daría solución a la demanda de los ahorradores timados por FICREA.
Ya como presidente, el licenciado trató el caso en las mañaneras del 10 de agosto de 2021, del 1 de abril de 2022 y del 23 de julio de 2023. Instruyó a Pablo Gómez, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, y a la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, María Estela Ríos González, atender el caso.
Pero…
¡Sí!, ¡adivinó!: nada de nada.
¡Ah!, porque…
Gabriel Juárez García, director General de Análisis y Seguimiento Legislativo de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso –dependiente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, es decir, de la Presidencia de la República, mediante oficio informó a los demandantes que, pues, han entregado documentos insuficientes. O sea…
¿Será necesario que los ahorradores vuelvan a tomar la calle?
¿Importa un bledo la instrucción del licenciado López Obrador?
¡Recórcholis, Batman!
Le platicaré más de este asunto que bien puede llamarse el timo siniestro. Cínica impunidad.
COMO ME LO PLATICARON. ¿Habrá gobernadora de Morena, en Yucatán en 2024?
No sería sorpresa porque por el Palacio de Gobierno en Mérida han despachado dos, las priistas Dulce María Sauri Riancho e Ivonne Ortega Pacheco, hoy diputada federal por Movimiento Ciudadano.
Pero, ocurre que la senadora morenista Verónica Camino Farjat estará en la encuesta de Morena junto con Rocío Barrera Puc, Jazmín Villanueva Moo y Joaquín Díaz Mena para contender por la designación como Coordinadora de la Defensa de la Transformación, rumbo al 2024 en Yucatán.
Fue seleccionada con el voto de los consejeros del Movimiento de Regeneración Nacional, en la Sesión del Consejo Estatal. De acuerdo con sondeos de diversas casas encuestadoras, Verónica Camino es la mujer mejor posicionada en el estado para la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Yucatán, por el trabajo cercano que realiza con ciudadanos de diferentes sectores.
¿Morena tendrá gobernadora en Yucatán? Bueno, me platicaron. ¡Recáspita, Drakko! Digo.
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