MIGUEL ÁNGEL FERRER
A todos nos conviene recordar que el secuestro, la desaparición forzada y el presumible asesinato de los jóvenes estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa fueron planeados y ejecutados durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto.
Y también conviene recordar que semejante atrocidad no pudo ser realizada sin la autorización expresa del entonces presidente de la república, el mencionado Peña Nieto. ¿No se decía en la época priista que en México no se movía la hoja del árbol sin el conocimiento y la venia de Los Pinos?
Esto explica que al mismísimo día siguiente de los atroces crímenes comenzaran los trabajos para borrar las huellas de la plena responsabilidad de Peña Nieto en la comisión de aquellos horrendos hechos. O, dicho de otro modo, no cabe la menor duda de que el autor intelectual de los crímenes de Ayotzinapa fue el entonces primer mandatario, comandante supremo de las fuerzas armadas y jefe real, indiscutible e indiscutido, del sistema político mexicano de esa época.
Pero una cosa es que el pueblo de México sepa quién ordenó la matanza, y otra muy distinta que esa responsabilidad pueda ser probada jurídicamente. Por eso hasta ahora sólo hemos visto el enjuiciamiento penal de los autores materiales y de algunos de los principales encubridores de los terribles crímenes de la Noche de Iguala.
Esto explica igualmente que en aras de proteger a Peña Nieto no haya habido más remedio que encarcelar a cuatro generales del Ejército y al que fue Procurador General de la República del peñato, Jesús Murillo Karam.
La condición de altos mandos del sistema político de entonces hace a estos individuos, y a otros muchos participantes centrales de la atrocidad de Ayotzinapa, los perfectos chivos expiatorios.
El encarcelamiento de Murillo Karam y el eventual enjuiciamiento del secretario de la Defensa del peñato, general Salvador Cienfuegos, y del entonces gobernador del estado de Guerrero, el perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero, muestran qué tan alto están dispuestos a llegar los encubridores del crimen de la Noche de Iguala, con tal de proteger al mero mero autor intelectual de aquellos nefandos hechos.
En la búsqueda de verdad y justicia, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y sus abogados, sobre todo éstos, podrían elevar la mira y no conformarse sólo con el castigo de los partiquinos de la tragedia.
