Fernando Irala
Un análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), publicado apenas la semana pasada con el título “Estudio del Derecho a la Salud 2023”, plantea algunas de las preocupaciones que en este tema se han expresado de manera reiterada en México.
Lo novedoso es que lo haga una instancia de evaluación oficial, y aunque formulado en un lenguaje comedido para no herir tantas susceptibilidades, lo que se señala es más que evidente.
El documento ennumera algunos factores que imitan el derecho a la salud, entre los que apunta:
La desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), a su vez desaparecido recientemente para adjudicar la atención al IMSS-Bienestar y el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar (MAS-Bienestar), “podrían deteriorar los esfuerzos de coordinación entre el Gobierno federal y las entidades federativas, al modificar la estructura organizacional para la atención médica en periodos relativamente cortos”. Dicho en cristiano, esto puede ser un caos.
Esta modificación, dice el estudio, “ha causado incertidumbre en algunos estados al interpretarse como un nuevo esquema de centralización de los servicios de salud, con posibles implicaciones en términos de la efectividad de respuesta a las necesidades locales y la heterogeneidad de las condiciones demográficas que demandan de una atención diferenciada. Esta situación podría afectar los esfuerzos por garantizar el ejercicio del derecho a la salud para la población sin seguridad social, particularmente en contextos de emergencia sanitaria que demandan velocidad en las respuestas.” Dicho en cristiano, esto puede ser un caos.
Más adelante se señala: “La centralización se complementa con la pérdida de eficiencia en la distribución y entrega de medicamentos ocurrida con la consolidación de las compras (…) se aprecia una disminución en medicamentos especializados y oncológicos, cuya adquisición puede representar un costo importante para los hogares”. Dicho en cristiano, esto ya es un caos y el costo lo están pagando los hogares de los enfermos.
Continúa el documento: “Existen entidades federativas que no cuentan con hospitales de tercer nivel de atención” y no hay suficiente personal especializado, sobre todo en las áreas rurales; los enfermos y sus familias deben asumir el costo de traslado y manutención para acudir a los hospitales especializados.
Y remata el estudio enfatizando en el riesgo que significan “los problemas de coordinación interinstitucional entre el Gobierno federal y los sistemas estatales de salud”. Dicho en cristiano, esto es un caos.
En conclusión, esto no es Dinamarca, ni se parece. Aunque en Palacio deben tener otros datos.
