CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, aseveró que la Ley General de Mecanismos de Solución de Controversias, que busca expedir el Senado de la República, será un producto suficientemente consensado, equilibrado y armonizado, que beneficiará a todo el país.
La senadora de Morena declaró que buscarán que este proyecto sea de los primeros que se procesen durante el próximo Periodo Ordinario de Sesiones, que inicia en septiembre, ya que es necesaria su implementación.
Durante una reunión de trabajo con autoridades responsables de los Institutos y Centros de Justicia Alternativa del país, la senadora recordó que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se construyó no sólo con la participación de todas las fuerzas políticas, sino con la opinión de jueces y magistrados.
A su vez, el senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, asentó que la participación de magistrados y jueces le dará fortaleza a la legislación, pues ellos serán los operadores de la ley.
El legislador de Morena agregó que los medios alternativos de solución de controversias brindan confianza a las personas y ofrecen una solución ágil y pacífica a los conflictos; sin embargo, subrayó, es necesario aumentar su difusión para que sean más utilizados por la población.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, dijo que la regulación de mecanismos no oficiales para resolver controversias debe implicar un ordenamiento jurídico sencillo y transparente, a fin de contribuir a una impartición de justicia pronta y expedita.
Agregó que uno de los principios que deben de definirse en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, es garantizar que los centros encargados de dichos mecanismos sean órganos que formen parte de los poderes judiciales federales y locales.
En tanto, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, secretaria de la Comisión de Justicia, dijo que es necesario explorar otras formas para solucionar los conflictos cotidianos. Es urgente que se le dé celeridad al proyecto, señaló; sin embargo, enfatizó que esto no es pretexto para no escuchar todas las voces.
Damián Zepeda Vidales, senador del PAN, asentó que el sistema de justicia mexicano está colapsado, por lo que es necesaria una política pública real para desahogar su labor, de ahí la importancia de esta ley.
El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del PVEM, aseveró que el objetivo común del nuevo ordenamiento es acelerar los procedimientos y brindar justicia pronta y expedita a la ciudadanía.
Cristóbal Arias Solís, senador del Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo que el Poder Legislativo y el Judicial deben trabajar unidos para lograr que el viejo anhelo de justicia de las y los mexicanos se materialice.
A su vez, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, reconoció que se demoraron en construir esta ley; sin embargo, reconoció que los trabajos se intensificaron durante el último año. Además, confió en que el nuevo ordenamiento haga pronta la justicia.
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