CIUDAD DE MÉXICO.- En la sesión de este miércoles, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la declaratoria de aprobación de la reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, conocida como “Ley 3 de 3” contra la violencia, luego de que 23 congresos estatales respaldaran los cambios.
La Secretaría de la Mesa Directiva informó que se recibieron los votos aprobatorios de los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.
Posteriormente, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, expresó: “la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara aprobado el decreto que reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión en el servicio público”.
Por lo que una vez que se emitió la declaratoria, la reforma se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
Establece la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.
Asimismo, por violencia familiar, equiparada o doméstica y violación a la intimidad; por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Al respecto, la diputada Aleida Alavez Ruiz, de Morena, celebró la declaratoria de esta reforma Constitucional, porque forma parte de las acciones que la Cuarta Transformación emprende en favor de las mujeres, niñas y niños; sin embargo, reconoció que aún hay pendientes para lograr la igualdad sustantiva y saldar la deuda histórica con este género.
La senadora Kenia López Rabadán, de Acción Nacional, destacó que la “Ley 3 de 3” representa “un nuevo rumbo para los servidores públicos”, porque nunca más habrá hombres violentadores, abusadores, acosadores o deudores alimentarios en los espacios de toma de decisiones.
Por el PRI, la diputada Carolina Viggiano Austria, aceptó que, si bien estas reformas son un gran paso para erradicar la violencia contra la mujer, no es suficiente, pues aún existe violencia institucional, como la que se presenta contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández.
Luis David Ortíz Salinas, senador de Movimiento Ciudadano, reconoció a las legislaturas locales que, de manera expedita, demostraron con hechos su compromiso con los derechos humanos de las mujeres, ya que la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas constituye un obstáculo para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
La senadora Graciela Gaitán Díaz expresó la alegría del Grupo Parlamentario del PVEM por la declaración de constitucionalidad de la “Ley 3 de 3”, porque, sin duda, la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres y la igualdad entre géneros tiene una gran victoria, a través de esta reforma que hace justicia a millones de mujeres víctimas de violencia.
Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, manifestó que con la legislación que se publicará en el Diario Oficial de la Federación se da un gran paso; sin embargo, sostuvo que aún falta proteger a fondo a las mujeres, pues esta reforma sólo se circunscribe al ambiente político y no a la vida cotidiana, por lo que instó a revisar los temas del derecho a la libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo.
En tanto, la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del PRD, subrayó que este proyecto es histórico, ya que se reconoce la valiosa lucha de las colectivas feministas, quienes hicieron posible que llegara la justicia para que ningún violentador acceda al poder. “El movimiento feminista no es una moda, es un movimiento de reivindicación de derechos”, aseveró.
La senadora Eunice Renata Romo Molina, del PES, asentó que México merece servidores públicos responsables, pues “no podemos hablar de un buen ejercicio del servicio público si no se cumplen con las obligaciones fundamentales, como proporcionar alimento a las niñas, niños y adolescentes. Tampoco podemos tener a un agresor sexual o potencial feminicida en el servicio público”.
Por el Grupo Plural, el senador Germán Martínez Cázares reconoció la labor de las y los legisladores que ayudaron a hacer realidad esta pieza del constituyente, la cual fue impulsada por la lucha de las organizaciones de la sociedad civil. Además, dijo que este tipo de acciones ayudan a pagar la deuda de justicia que se tiene con las mujeres mexicanas.
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