CIUDAD DE MÉXICO.- Con el propósito de establecer que la comisión de delitos relacionados con actos de corrupción, por parte de cualquier servidor público o particulares, sea considerada imprescriptible y sujeta a investigación y sanción, la diputada Dionicia Vázquez García (PT) propuso reformar los artículos 109 y 114 de la Constitución Política.
La iniciativa, turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales para dictamen, y de Transparencia y Anticorrupción para opinión, sostiene que la reforma es fundamental para “fortalecer la lucha contra la corrupción y garantizar una gestión pública transparente y eficiente”.
Afirma que, a través de la imprescriptibilidad de ese tipo de delitos, “se envía un mensaje claro a la sociedad de que no se tolerará la corrupción y los responsables rendirán cuentas”. Considera que “esto puede disuadir a los funcionarios públicos y a los particulares de cometer delitos de corrupción en el futuro”.
Destaca que la imprescriptibilidad de la acción penal por los delitos de corrupción es una medida diseñada para proteger los derechos y el bienestar de la sociedad y “no atenta contra los derechos humanos, siempre y cuando se aplique de manera justa y equilibrada y respetando los derechos de los acusados”.
Explica que la corrupción es un término que se refiere a la práctica ilegal o deshonesta de usar un cargo o posición en el ejercicio de la función pública para obtener un beneficio personal o económico y puede manifestarse en diferentes formas, como el soborno y la malversación de recursos públicos.
Menciona que la imprescriptibilidad de la acción penal por los delitos de corrupción sólo se aplica en casos en los que se han cometido hechos ilícitos y se encuentra respaldada por leyes y procedimientos legales. Los derechos humanos de los acusados, incluyendo el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia, deben ser respetados en todo momento.
Por ello, indica, “fortalecer el marco legal para el combate a la corrupción es crucial”, porque “no combatirla implica un obstáculo para el progreso social y económico, en virtud de que se desvían los recursos públicos que podrían ser utilizados para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan”.
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