CIUDAD DE MÉXICO.- Las comisiones unidas de Minería y Desarrollo Regional, y de Estudios Legislativos Segunda, que presiden la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre y el senador Rafael Espino de la Peña, avalaron el proyecto para regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para uso industrial en la minería.
La minuta, que envió la Cámara de Diputados para reformar la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, fue avalada con 15 votos a favor.
Tiene la finalidad de proteger los derechos humanos al medio ambiente sano, a la salud y al agua de la población, así como la preservación de los recursos naturales de la nación y el derecho de los pueblos originarios a la preservación de sus territorios.
Con ello, se destaca en el dictamen, se busca recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano y que son del dominio directo de la nación.
Dentro de las disposiciones, se destaca la reducción de 50 a 30 años la duración de las concesiones mineras; además, regula la transmisión de títulos de concesión, adiciona causales de cancelación de concesiones mineras, e incorpora un capítulo de delitos con el objetivo de sancionar conductas delictivas en materia de minería.
El dictamen establece la figura de la concesión de agua para uso específico en minería, con el propósito de evitar la sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos; y amplía las causales de revocación de la concesión de agua por hechos o actos supervivientes de interés público, y cuando no se cumpla con el programa de restauración cierre y post cierre previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
También sugiere eliminar el esquema de terreno libre y primer solicitante, con ello se busca que el otorgamiento de las concesiones mineras se realice mediante concurso público, a efecto de asegurar las mejores condiciones económicas para el Estado mexicano.
Otra de las disposiciones plantea que no se podrán otorgar concesiones mineras en áreas naturales protegidas, y se busca detener la degradación del medio ambiente a causa de las actividades mineras en terrenos que se encuentren protegidos por la legislación ambiental.
Además, propone establecer el Programa de Restauración Cierre y Post Cierre, cuyo objeto es garantizar el cumplimiento a compromisos en materia ambiental al momento de concluir por cualquier causa la concesión minera.
AM.MX/fm
