Fernando Irala
Nueve meses después de los asesinatos de dos misioneros jesuitas y de otros civiles en Cerocahui, Chihuahua, el jefe mafioso que los perpetró fue a su vez ejecutado por sus propios socios criminales.
Pese a su juventud, el delincuente tenía una larga trayectoria de sangre y muerte, con lo cual había mantenido el control de una vasta región en la Sierra Tarahumara.
Gozaba de completa impunidad, a grado tal que ni la condena del Papa luego del crimen contra los jesuitas, hizo posible que las fuerzas de seguridad del estado y del país hicieran lo suficiente en los meses siguientes para detenerlo.
Ahora, lo mató el cártel al que servía, tal vez bajo las consideraciones de que un personaje tan sobreexpuesto a los medios deja de ser útil y se vuelve incómodo para el negocio.
De cualquier manera, como ya ha señalado la corporación de los jesuitas, el hecho no entraña ningún triunfo de la justicia, sino más bien un fracaso de ésta.
La región, como una parte cada vez más importante del territorio nacional, está bajo el control de los grupos de delincuencia organizada, y la desaparición de uno de sus capos, sobre todo en las circunstancias en que se produjo, es un simple incidente de una historia de dolor y tragedia que viven día a día las comunidades de ese entorno y de otras muchas zonas del país.
Por lo pronto, la Fiscalía estatal está de plácemes, pues con la muerte del Chueco ya no tienen a quien perseguir ni enjuiciar por diversos crímenes, y lo único que queda es cerrar las averiguaciones pendientes.
Mientras tanto, en esa zona y en todo el país, el crimen organizado va ganado territorios bajo control, ya no sólo es el narco, sino el cobro de derecho de piso en las actividades productivas y comerciales, extorsiones, secuestros, y un sinfín de giros delictivos más. La autoridad, administrando abrazos y beneficiándose de que las rencillas e intereses de los mismos delincuentes los vayan diezmando, como ha ocurrido esta vez.
La vida sigue igual.
