CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Senadores aprobó, con 99 votos a favor y una abstención, un proyecto que tiene como objeto implementar un sistema de responsabilidades de las personas servidoras públicas, para que cumplan con la debida diligencia en sus actuaciones y eviten conducirse de forma discriminatoria al momento de atender a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia.
Además, pretende dotar al Estado de mecanismos y disposiciones legales suficientes, que garanticen la reparación integral del daño a las personas víctimas de violencia de género, y contar con procedimientos ágiles para denunciar a los servidores públicos que no cumplan con sus obligaciones.
Las y los senadores le hicieron modificaciones a esta minuta que envió la Cámara de Diputados, en materia de lenguaje incluyente y no sexista, para modificar el término de “violencia de género” por “violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas”.
Al presentar el dictamen, la senadora Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, explicó que el proyecto también contempla que, para la integración de los órganos internos de control en la función pública, se deberá de observar la paridad de género y que en los procedimientos de responsabilidad administrativa se aplique el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
El senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, abundó que con las modificaciones legales se incluye como una responsabilidad de los órganos internos de control, la prevención, respeto y prevención de los derechos humanos con perspectiva de género y se estipula, como falta administrativa, no realizar procedimientos de investigación en el menor tiempo posible cuando se trate de violencia de género.
En dictamen, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se considera urgente la reforma de los marcos jurídicos para garantizar el pleno acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el público lo que implica las actuaciones del Estado.
Además, las y los legisladores destacaron que el comportamiento de los servidores públicos debe ser con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, especialmente en temas de violencia de género, en donde se deberá actuar con celeridad y sin revictimización.
El proyecto se devolvió a la Cámara de Diputados para efectos de la Fracción E del artículo 72 constitucional.
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