La empresa Tango de Jalisco defraudó a 7 mil familias que compraron su “sueño de una vida mejor” en el fraccionamiento La Cima del municipio de Arenal Jalisco y sólo se ganaron la falta de cumplimiento en la entrega de los servicios básicos como agua y luz y la no entrega al ayuntamiento, por lo que quedaron desprotegidos y ahora claman justicia.
Son señalados como representantes legales de la empresa defraudadora, Rocío Liliana Sepúlveda y Rodrigo Gil Ramírez, actual presidente de Canadevi Jalisco y nieto del exgobernador de Jalisco Juan Gil Preciado y del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.
Los hechos, son una muestra más de cómo el incumplimiento de malos desarrolladores le da la razón a las nuevas políticas públicas del gobierno de la república a través de Sedatu, que buscan proteger a los compradores que con muchos sacrificios buscan hacerse de un techo propio.
La denuncia presentada en contra de la mencionada empresa y sus representantes es por “delitos contra el desarrollo urbano”, tipificado en el artículo 253 del Código Penal del Estado de Jalisco.
Ahora sólo falta esperar si las autoridades competentes harán valer los derechos de los defraudados o si van a dejar pasar este ilícito, en que también llevaron al baile al Infonavit que dio los créditos no obstante que las casas no tenían el certificado de habitabilidad municipal según informó el abogado de los quejosos Guillermo Méndez Pompa.
Con créditos del Infonavit venden desarrollo irregular en Jalisco
Guillermo Méndez Pompa, abogado defensor de 7 mil familias que compraron a la desarrolladora Tango de Jalisco, denunció que las mismas fueron víctimas de un fraude inmobiliario, ya que se les vendió casa en el fraccionamiento La Cima del municipio de Arenal, cuando este ni siquiera cuenta con servicios básicos y no ha sido recibido por la autoridad municipal.
Para colmo, hasta el Infonavit se vio involucrado al dar los créditos en tales circunstancias irregulares que ahora se ventilan a través de una denuncia de tipo penal y que señala concretamente a Rocío Liliana Sepúlveda y Rodrigo Gil Ramírez, actual presidente de Canadevi Jalisco y nieto del exgobernador de Jalisco Juan Gil Preciado y del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quienes fungían como representantes de la empresa señalada cuando se hizo la venta fraudulenta.
El recurso legal presentado por los ofendidos es por “delitos contra el desarrollo urbano”, tipificado el artículo 253 del Código Penal del Estado de Jalisco, ya que el complejo habitacional carece hoy del servicio de agua potable, vive cortes cotidianos de energía eléctrica y carece de espacios públicos dignos.
El caso sin duda, justifica la lucha del gobierno federal a través de Sedatu, por evitar estos daños patrimoniales a los trabajadores, que con mucho esfuerzo buscan hacerse de un techo propio y una “vida digna”.
Sólo falta ver si le van a dar carpetazo a este caso o si le van hacer justicia a toda esa gente que ahora vive una gran frustración e impotencia, mala nota para la industria de la vivienda de Jalisco, sin duda.
