Roberto Vizcaíno
Todo indica que el INE no salvó ayer su viabilidad institucional, administrativa ni financiera con el rechazo de la oposición a la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador.
Sin esperar que las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC desecharan esta iniciativa, el mandatario y sus aliados legislativos se aprestaron desde ayer mismo a darle curso al Plan B de AMLO, en que, sin reforma constitucional, entrará a San Lázaro la iniciativa de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General de Partidos Políticos que sólo requerirán de una mayoría simple.
Todo apunta a la modificación de leyes secundarias para quita facultades al INE y adecuar sus estructuras administrativas como lo quiere AMLO.
Ello advierte la inmediata destitución de Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, hasta hoy principal instumento del poder interno de Lorenzo Córdova en el Consejo General.
En forma colateral vendrán despidos, la modificación del Servicio Profesional Electoral, la liquidación de sus fideicomisos y la prohibición para crear otros, entre otras disposiciones.
El Plan B prevé desaparecer órganos centrales del INE como la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, y dejar solo el Consejo General y la Presidencia del Consejo General.
De igual forma se crea un solo Servicio Profesional Electoral Nacional, que en la ley actual prevé dos sistemas: uno para el Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales.
Desaparece la disposición de que, “adicionalmente”, el INE podrá tener personal adscrito para su óptimo desempeño.
El Plan B define que el Instituto y los llamados OPLES de los estados integrarán el Sistema Nacional Electoral, y tendrán el mandato de organizar elecciones y consultas en su ámbito de competencia.
Y como punto central, se establece que el INE ejercerá sus recursos presupuestarios como lo dispuesto la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, o sea, atado a la voluntad y mandato presidencial.
Desde esta nueva normatividad, no podrá destinar ahorros, economías o remanentes presupuestales a la Constitución u operación de fideicomisos.
Menos contratar seguros de gastos médicos mayores o de separación individualizada, o esquemas similares de contratación.
Si tuviera subejercicios, economías ahorros o remanentes presupuestales, estos serían reintegrados a la Tesorería de la Federación al concluir el ejercicio fiscal.
Este nuevo INE tendría prohibido erogar, reasignar o crear nuevos programas o proyectos con cargo a ahorros y economías de su Presupuesto que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos.
El Consejo General quedaría obligado a crear anualmente, al inicio del segundo trimestre del ejercicio fiscal, una comisión temporal de presupuesto que deberá “explicar abierta y ampliamente” la forma en que se integrará su anteproyecto de presupuesto, los rubros de gasto y las proyecciones de su ejercicio.
El Plan B abrogaría de inmediato el numeral 2 del artículo 30, que indica que todas las actividades del INE se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se realizarán con perspectiva de género.
Y se precisa que el patrimonio del Instituto, lo integran bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen expresamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación “o las leyes en la materia”, con lo que se podrán aplicar medidas extras a las presupuestales.
Igual desaparece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que data de 1996, y se propone una nueva legislación la materia.
Y por si hubiera duda de lo que se busca, el Plan B prevé la derogación de “todas” las disposiciones que se opongan al presente decreto. Nada de eso será aplicable a los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila en 2023, pero sí al proceso presidencial del 2024 y las otras elecciones de ese año.
EBRARD PIDE DEBATE DE ASPIRANTES, COMO MONREAL
Marcelo Ebrard, el otro aspirante presidencial ninguneado por AMLO y Morena, demandó ayer, por segundo día consecutivo, que su partido realice debates entre precandidatos al 2024.
“Ayer lo dije yo en una entrevista, que lo que tienen de bueno los debates, suceden en todos los partidos democráticos; no sé si te acuerdes el debate de Biden eran 11, y no se fracturó nada y la que compitió más en esa ocasión que fue Kamala, es vicepresidenta”, indicó a medios.
Con esta exigencia se suma a las reiteradas peticiones de Ricardo Monreal quien además ha insistido en la realización de “internas” para elegir candidatos en lugar de encuestas que se prestan a la manipulación.
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