Federico Berrueto
López Obrador ha reaccionado con enojo y exceso frente a quienes rechazan su iniciativa de reforma constitucional en materia político electoral. Como es su costumbre, no debate, descalifica, insulta y regaña. Su postura pública respecto a quienes marcharán este domingo en defensa de las instituciones de la democracia ha sido de una agresividad extrema mediada por la ofensa, la calumnia y el denuesto generalizados. La intolerancia es la marca. ¿Le costará en la valoración de su persona o de su gobierno? ¿bajará la aprobación presidencial?
El presidente ha contado con un blindaje singular a lo largo de su gestión, incluso ante eventos de grave impacto reputacional; los momentos más bajos se asocian al periodo inicial en el manejo de la pandemia. Aunque persiste una tendencia general a la baja, hasta ahora, en la mayoría de los estudios el porcentaje de quienes le aprueban es mayor respecto a los que votaron por él. Tradicionalmente son los escándalos de corrupción los que minan la aprobación de los gobernantes. Hay casos de mandatarios estatales con buenos resultados en la economía, obra pública, incluso seguridad pública, pero por la imagen de corrupción son duramente castigados no solo en las encuestas, sino en las elecciones al momento del relevo.
Su intolerancia no ha sido factor de su descrédito porque somos una sociedad intolerante. De hecho, recurrir a la polarización le ha llevado a descalificar a un sector importante de la sociedad, incluyendo intelectuales de excelencia, líderes de opinión, periodistas, empresas y medios de comunicación. Lo mismo hace contra quienes dirigen órganos autónomos, jueces, magistrados y líderes de la oposición.
Lo de ahora es diferente por dos consideraciones: en primer término, el objeto de ataque, el INE, es una institución con elevada credibilidad en la población. No importa que la mayoría esté de acuerdo con la propuesta presidencial sobre la manera de designar consejeros o que respalde la tesis de disminuir el gasto electoral. El INE tiene aprecio y confianza tal como está y eso complica la embestida en su contra. Por otra parte, el presidente no sólo cuestiona el apoyo al INE, sino el derecho a manifestarse y eso adquiere otra dimensión, sobre todo, porque la imagen que él proyectó como opositor es en el espacio de la protesta pública.
Los estudios de opinión de aprobación o de valoración presidenciales al presentar reporte binario aprueba/desaprueba no mide la intensidad de cada uno de los polos; tampoco es común que se dé información sobre el perfil sociodemográfico del apoyo o rechazo al presidente. Registrar esta información es crucial para entender la disminución de su respaldo en los sectores urbanos con mayor dinamismo e impacto en la evolución de la opinión pública, y que abona a la tesis sobre las dificultades de Morena en la elección intermedia.
El impacto en la aprobación presidencial por la protesta pública en defensa del INE se potenciará no sólo por lo que suceda, sino por su secuela y, sin duda, por la reacción del mandatario ante las expresiones de rechazo a su iniciativa que, se anticipa, independientemente de su convocatoria y cobertura, será de franca hostilidad y descalificación.
El objetivo de la marcha, más allá de confrontar a López Obrador, implícito en la protesta, es defender la institucionalidad democrática, mensaje claro para los presentes, no para la mayoría que observa o ignora. Difícilmente habría un cambio en la aprobación presidencial.
Finalmente, debe quedar claro que la marcha del domingo es para crear un ambiente de opinión que impida que los diputados y senadores de la oposición sean sometidos por el presidente, como con la reforma constitucional para ampliar el término de las fuerzas armadas regulares en tareas de seguridad pública. La presencia de los cuatro dirigentes de la oposición en la marcha dice mucho al respecto y mucho más la concurrencia de ciudadanos con la convicción de que al INE se le aprecia y se le defiende.
