Federico Berrueto
Ha sido el fracaso de los civiles lo que ha llevado a que los militares desempeñen tareas que no les corresponden a su carácter, función y naturaleza. También ha contribuido el prejuicio respecto a sus fortalezas y el de las debilidades de la burocracia civil. La realidad es que cuidar a las fuerzas armadas significa entender las condiciones de su desempeño y, por otra parte, tener presente las limitaciones esenciales para involucrarse en otras actividades a partir de la instrucción del presidente de la República en su condición de comandante supremo.
El origen del problema que ahora se vive no nace de las fuerzas armadas, sino de presidentes que les llaman a realizar tareas de seguridad pública que corresponden primeramente a policías y mandos civiles, por no contar con respuesta civil para contender la amenaza del crimen organizado y violencia que le acompaña. Buena parte de los alcaldes se desentendieron de desarrollar policías a la altura de esa amenaza; al igual que la mayoría de los gobernadores, aunque en este caso mucho afectó la insuficiencia de asignaciones presupuestales y la falta de continuidad de los esfuerzos y que significó que buenos resultados se perdieran y procesos satisfactorios se suspendieran.
Al advertir la magnitud del abandono se tomaron decisiones importantes para la formación policial y su profesionalismo, como el inventario total de los recursos humanos disponibles, la evaluación de policías a través de exámenes de confianza, la dotación de mayores recursos materiales y financieros, y el impulso de una instancia nacional de coordinación, entre otras. También, se crearon, en diversas variantes, una policía nacional capacitada para enfrentar al crimen organizado y un sistema moderno de estadística de actividad criminal.
Los resultados hablan por sí solos. Los dos indicadores de mayor relevancia son la medición de los delitos y la tasa de eficacia del sistema de justicia en la atención de los actos criminales y sus responsables. Ambos aspectos son indicativos, a pesar del esfuerzo de que lo emprendido fue insuficiente, además de que no siempre programas y acciones se realizaron con eficacia y probidad.
A López Obrador le pasó como a sus dos inmediatos antecesores y por igual razón. El grave deterioro en materia de seguridad y la insuficiencia de la respuesta institucional existente obligaron recurrir a las fuerzas armadas. En el caso reciente ha contribuido mucho el prejuicio del presidente sobre los logros pasados, que le llevó a desestimar mucho de lo bueno recibido y, de esta manera, le llevó a utilizar con mayor intensidad a las fuerzas armadas y hacer de la policía nacional un cuerpo con fuerte componente militar.
Allí no concluyeron las cosas. Su desencanto con la burocracia profesional y la lealtad y disciplina de los soldados le orilló a que los militares se hicieran responsables de aeropuertos, obras públicas, aduanas, logística de distribución de libros, medicinas, vacunas y otras tareas como operar una línea aérea comercial. El protagonismo de los militares ocurre, no porque lo hayan pedido, sino por determinación del presidente de la República. El problema es que esto crea inercias e intereses complicados de revertir en el futuro.
Las consecuentes implicaciones de las nuevas tareas asignadas a las fuerzas armadas originan la necesidad para rendir cuentas en términos propios de la administración pública, del sistema de justicia y del régimen de controles propios del sistema democrático, especialmente el que deviene del Congreso. La situación se complica por la naturaleza propia del sector militar, en donde no existen reglas comunes a las de la administración pública como la transparencia, el escrutinio público, la rendición de cuentas y la corresponsabilidad, además de estar sujetas a mando único y vertical.
Quienes hablan por las fuerzas armadas y que en ellas mandan deben tener presente los nuevos términos de la realidad que encaran. A mayor poder, mayor el control y el escrutinio institucional y social. El riesgo mayor es que su condición de instancia fundamental del Estado mexicano sea desvirtuada por el de servir a un régimen, o todavía peor, a un partido o proyecto político particular. El presidente deberá entender y tener presente, también, la presión a la que está sometiendo a las fuerzas armadas en su afán de defender su singular visión del gobierno y del país y advertir las consecuencias de ello. Exponer a las fuerzas armadas es inaceptable ante el valor que reviste la institución de salvaguardar la seguridad nacional.
