Fernando Irala
Por estos días se cumplen tres meses de que Estados Unidos, seguido inmediatamente por Canadá, iniciara contra México el procedimiento de consultas para defender los intereses de sus empresas en el ámbito energético.
El calendario indica que es inminente la solicitud de que se establezca un panel que resuelva la controversia, una vez agotado el lapso en que fue posible llegar a un acuerdo.
Que no escalará el diferendo, anunció el Presidente de México en días pasados, y que el gobierno estadounidense desistirá de la intención de instalar el panel, nos aseguró.
Pero del lado norteamericano no ha habido confirmación de la noticia, y más bien las filtraciones a la prensa y la lógica del conflicto van en sentido contrario.
De hecho, la única vía para el desistimiento de la reclamación sería que el gobierno mexicano ceda ante las demandas de sus socios comerciales y/o que haya un arreglo satisfactorio para todas las partes, el cual necesariamente pasa por la garantía de resarcimiento a las inversiones privadas que se han visto afectadas.
Por si algún elemento faltara, la dimisión de la secretaria de Economía, más el cese a continuación de la subsecretaria encargada de las negociaciones del TMEC, sustituida por un funcionario sin ninguna experiencia en los vericuetos del comercio internacional, sólo pueden operar en sentido contrario a las posibilidades de un arreglo expedito.
Ya se sabe que en la marca de la casa, la lealtad es lo primero y el conocimiento es prescindible.
A punta de golpes y audacias, el gobierno mexicano lleva cuatro años navegando así, sin que los porrazos que se ha llevado hayan producido más allá de algunos rasguños a su blindaje.
Sin embargo, cuando se trata de nuestra principal relación comercial, que brinda salida al grueso de nuestras exportaciones y de donde proviene la mayor parte de nuestras compras, la estrategia suena, para decir lo menos, temeraria.
En breve sabremos el calibre de las respuestas.
