José SÁNCHEZ LÓPEZ
¡Qué novedad!
Otro periodista fue muerto por delincuentes, capos o funcionarios de epidermis muy sensible, a los que no les gustó que los exhibieran.
Pero no son muchos, apenas van 28 en lo que va del régimen del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, quien apenas en octubre pasado aseguró: “Mi gobierno es absolutamente respetuoso de la libertad de expresión y está obligado a otorgar garantías de seguridad a los periodistas, especialmente ante la amenaza que representa el crimen organizado”.
Bueno, eso es lo que dice él o lo que le sugieren sus asesores que diga, porque en la práctica es todo lo contrario y si no, veamos.
El año 2013 (asumió el poder a fines del 2012), hubo 4 comunicadores asesinados.
Y se dieron los discursos conocidos.
Para el 2014, la cifra creció con 6 reporteros muertos.
Y de nuevo la perorata, asegurando que situaciones como esas no se volverían a repetir.
Vino el año 2015 y la historia volvió a reincidir, pero con un periodista más victimado: fueron siete.
Ya iban 17 comunicadores silenciados a balazos.
Como de costumbre, los encargados de garantizar seguridad a la libertad de expresión condenaron los hechos, se rasgaron las vestiduras y por enésima vez advirtieron que nunca más otro comunicador sería acallado por la violencia.
Empero, parece ser que a los hampones –cínicos o camuflados, como en el caso de servidores públicos corruptos–, no les importaron las declaraciones y para demostrar que no tomaban en serio las advertencias gubernamentales, del nivel que fueran, en el 2016 asesinaron a otros 10 comunicadores.
Así, las estadísticas crecieron a 27 periodistas muertos, muchos de los cuales ya habían sido blanco de atentados, pidieron ayuda gubernamental y estaban supuestamente protegidos.
El último de esos casos, con el que suman 28 comunicadores muertos durante la presente administración, fue el del reportero CECILIO PINEDA BIRTO, ejecutado en Tierra Caliente, Guerrero.
Antes, en septiembre de 2015, ya había sufrido un atentado a balazos, en su mismo departamento, en el centro de la cabecera municipal de Coyuca de Catalán.
Desde entonces, organizaciones y compañeros del gremio exigieron seguridad y protección para CECILIO, cuyo trabajo denunciaba los vínculos de alcaldes (servidores públicos) de la región de Tierra Caliente con grupos de la delincuencia organizada.
De nada sirvió.
Ahora sólo es otro periodista más que pasó a formar parte de las mortales estadísticas.
Claro que el presidente PEÑA NIETO puede jactarse que no van tantos como en el sexenio de FELIPE DE JESUS CALDERON y su absurda guerra contra las drogas: 60 asesinatos y 15 desapariciones de periodistas.
Pero si las cosas continúan igual –todavía faltan dos años de la gestión peñista–, no es descabellado que se iguale o rebase la terrible cifra.
Independientemente de que en el 98.7 por ciento, los crímenes quedan impunes.
Según organizaciones no gubernamentales, México es el país más peligroso en América Latina para ejercer el periodismo y el séptimo en el mundo.
Señalan que se incrementaron las agresiones contra el ejercicio periodístico que, en promedio, cada 26.7 horas es agredido un periodista en el país.
Las agresiones físicas o materiales, a representantes y medios de comunicación, fueron las de mayor registro con el 43 por ciento, le siguen las intimidaciones con 16 por ciento, las detenciones arbitrarias con 14 por ciento y las amenazas con un 13 por ciento.
Artículo 19 señala que del total de las agresiones registradas, el 48 por ciento son responsabilidad de funcionarios, por lo que se les considera “los principales atacantes de la prensa”.
¿Será? O solamente se trata de señalamientos alarmistas.
De una u otra manera, delincuentes o funcionarios corruptos, siguen diezmando al periodismo, sin que haya una respuesta contundente de quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad para el ejercicio reporteril.***NINGUNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, PUED EXISTIR SIN UNA PRENSA LIBRE, INDEPENDIENTE Y PLURAL.***AU REVOIR.
