José Sánchez López
LA Constitución de Apatzingán, promulgada en 1814 y establecida formalmente en la Constitución de 1857, contemplaba ya que los legisladores no podían ser juzgados por sus opiniones, ni sometidos a responsabilidad administrativa por sus ideas críticas.
En el histórico documento, quedaba plasmado el fuero, instituido para proteger a quienes opinaran distinto al gobierno en turno, a fin de garantizar la libertad de expresión de quienes fueron electos por los ciudadanos para representar sus intereses, de tal manera que pudieran expresarse libremente sin temor a ser encarcelados.
Había sido concebido como una garantía y no como un privilegio.
Al paso de los años, como resultado de una conveniente miopía legislativa, los términos se desvirtuaron, la concepción se tergiversó y el fuero se convirtió en sinónimo de impunidad.
Los legisladores y demás servidores públicos, desde su muy particular punto de vista, “entendieron” que podían cometer cualquier ilícito sin que tuvieran que ser llamados a cuentas.
Así, bajo esa retorcida percepción, la clase política ha abusado por décadas de dicha figura, de manera ofensiva.
El jueves 19 de abril, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobó por unanimidad el dictamen que elimina el fuero de los servidores públicos, incluido el del presidente de la República., con reformas a los artículos constitucionales: 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114.
Debe destacarse que no hay en las reformas ningún cambio respecto a la protección que guarda un legislador por sus ideas y críticas al régimen, lo que se pretende es acabar con la impunidad y privilegios e impedir que un acto delictivo se encubra bajo el manto del fuero.
De ser aprobada la reforma, será histórico para nuestro país porque la justicia se aplicaría en igualdad, desde al presidente de la República hasta el último funcionario.
Pero no todos están de acuerdo, algunos diputados, senadores y otros disque servidores públicos, arguyen que corren el riesgo de que pudieran perder el derecho fundamental a la libertad de expresión, quienes representan al pueblo y defienden sus derechos.
¿Será?
La verdad es que ya sienten que la lumbre les llega a los aparejos, con el debido respecto a las honorables acémilas, pero como dijera “ya sabes quién”: serénense, tranquilos, todavía no se aprueba en definitivo la reforma.
De aprobarse también en la Cámara de Senadores, se enviará entonces a los estados para buscar su ratificación de al menos 17 congresos locales, para que proceda la modificación constitucional, después se envía al Ejecutivo Federal para su promulgación y entraría en vigor hasta cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación.
Pero si la minuta es modificada por los senadores, esta regresaría a la Cámara de Diputados, que cuenta con sólo unos días y cuatro sesiones para su posible aprobación en el actual periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura que concluye el 30 de abril.
Y tenga por seguro que aquellos que tienen cola que les pisen, harán hasta lo indecible para trabar la aprobación.
Es claro que la desaparición del fuero, significaría el fin de la impunidad en el desempeño de tarcas fundamentales como el quehacer legislativo y la administración pública, aunque también hay el riesgo de que podría convertirse en una dictadura que represente un obstáculo para el impulso y el desarrollo de la vida democrática del país.
JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, quien fue el último que propuso la reforma, pero no el único, ya que desde hace más de 20 años hubo otras, asegura que será el primer presidente sin fuero bajo la “Ley Mead”.
RICARDO ANAYA CORTÉS, para no quedarse atrás, afirmó que gracias al voto de las diputadas y diputados del Frente PAN PRD y MC, fue posible eliminar el fuero.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, petulante, dijo que, de todos modos, si no hubiera sido eliminado, lo hará cuando sea presidente.
Se les olvidó que todavía no está aprobada la reforma, aunque ya todos se cuelgan de ello.***QUE TUS PALABRAS SEAN SIEMPRE DULCES, POR SI TIENES QUE ¡TRAGÁRTELAS!***AU REVOIR.
