José Cruz Delgado
El Presidente Enrique Peña Nieto, cuya administración inició el primero de diciembre del 2012, dejó transcurrir 10 meses para pisar, de manera expedita, el territorio michoacano tocando apenas la costa de la entidad. A aquella visita (estimulada, por cierto, por el entonces gobernador interino y ahora vilipendiado reo, Jesús Reyna García) le siguió un espacio de casi 5 meses para que el titular del ejecutivo federal volviera a encontrarse con las tierras michoacanas. En ese intervalo de tiempo, vale señalar, medió la emisión del decreto presidencial por el cual se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán.
Al abandono presidencial, secuela de la insensibilidad calderonista para con su terruño, le prosiguió una clara intervención política que, con un eufemístico decreto, reconoce la situación de estado fallido en la entidad, al señalar literalmente que: “en los últimos años, el Estado de Michoacán y varios de sus municipios han presentado manifestaciones de debilidad institucional, lo que ha propiciado diversas expresiones violentas de la delincuencia organizada y de otros grupos armados y, como resultado, se ha mermado el Estado de Derecho en el que se deben desarrollar las relaciones entre el gobierno y los habitantes de aquella entidad federativa”
De la publicación del multicitado decreto, ocurrida el 15 de enero del 2012, a la fecha, han transcurrido años, motivo que convoca a una reflexión sobre los alcances y las limitaciones que esta decisión presidencial implicó para el estado de Michoacán. Más aún, para los hombres dedicados al quehacer público, en especial para el responsable de las tareas derivadas de este decreto, Alfredo Castillo Cervantes; la autocrítica resultaría un estímulo conveniente a su sensibilidad de hombre de Estado, ejercicio que por cierto desterraría el demonio de la obcecación y la fe ciega en el ego, tan lacerantes en el atino de un político.
El entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa se convirtió en un pelele de Castillo Cervantes al igual que todos los funcionarios en ese nefasto periodo.
Dada la “integralidad del desarrollo para Michoacán” a la que aspiraba la Comisión que encabezó el mexiquense, convendría revestir del mismo carácter a cualquier reflexión sobre los retos y las peripecias que tuvo que sortear el excomisionado en su andar por territorio michoacano. En este sentido, bien valdría la pena destacar algunas aristas de estas tareas que la federación, por conducto de su excomisionado, se ha impuso en la entidad.
La primera de ellas está vinculada al cometido financiero y económico del pretendido desarrollo integral de Michoacán. En ese sentido, la administración de Peña Nieto anunció en ese tiempo (con los cuestionamientos fundados en relación al exceso de facultades que se atribuyó el presidente con tal proclama) una cantidad de recursos importantes para Michoacán apenas 20 días después de la designación del comisionado. A ello convendría preguntar sobre la obra pública que se emprendió con tales recursos, los programas que se derivaron de los mismos y el impacto esperado y alcanzado con ellos, la focalización territorial y la orientación sectorial de los mismos, las dependencias federales y estatales que los ejercieron. Todas ellas serían dudas de un sano ejercicio de transparencia republicana.
En materia de aplicación de la ley, un elemento claro que ha destacó del actuar de la federación en Michoacán en este período, ha sido el señalamiento, detención y/o enjuiciamiento de diversos integrantes de la clase política de la entidad por sus supuestos o comprobados vínculos con el crimen organizado. Los señalamientos al menos, han alcanzado prominentes cuadros incluso del propio partido del comisionado y la exhibición pública de videos y fotografías han puesto en aprietos o en la cárcel a hombres como Jesús Reyna, José Trinidad Martínez, Rodrigo Vallejo y Arquímides Oseguera.
Sin embargo, prevalece la suspicacia sobre el trato diferenciado que han tenido estos personajes. En este sentido, es claro que mientras que Jesús Reyna está sujeto a proceso, Martínez Pasalagua que aparecía junto a él en el mismo video, goza de plena libertad. Fue también reveladora la reciente declaración de Castillo Cervantes en ese entonces al señalar que no existían investigaciones en contra de Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador. A todo ello cabe el cuestionamiento sobre la existencia de tratos peculiares en la aplicación de la ley, que es aplicada con rigor milimétrico en unos casos y en otros con la laxitud de la “verdad jurídica”. Rodrigo Vallejo después sería detenido y poco tiempo después absuelto.
La reinventada retórica mexiquense del “estado de derecho” como evocación para el restablecimiento de la paz en Michoacán, trajoconsigo el cuestionamiento sobre el trato a los grupos de autodefensa; algunos de sus integrantes masacrados apenas un día antes del arribo de Castillo Cervantes sin que haya sido esclarecida la llamada “verdad legal” del caso, y otros tantos perdonados en su rebeldía hacia el Estado al momento de su insurrección.
En todo este entorno, hay algo que reverbera en la aureola de triunfalismo de Castillo Cervantes, y son sus limitados logros en la pacificación de Michoacán, en donde delitos tales como los homicidios dolosos, las extorsiones y los secuestros; siguen a la alza según las cifras del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Pero la llamada normalidad que regresó a Michoacán en cada visita del presidente de la república, tiene su mayor contradicción ahí, en la expresión máxima de la impunidad; entre quienes se desgarran las vestiduras porque “el estado mexicano reivindicó el imperio de la ley al detener a José Manuel Mireles, quien portaba armas de manera ilegal”. Frente a esta intentona de legitimación de una maniobra a todas luces desleal, se alza la sombra impune de la libertad del más grande capo de la entidad, misma que acalla la palabra de quienes han decidido cortar el hilo por la parte más fácil. Quizá esa sombra sea la misma que aún permanece bajo un colchón.
Lo que es una verdad que todos saben es que nunca se ha pacificado Michoacán.
