José Cruz Delgado
En diciembre pasado, recién una agresión a un periodista de Cambio de Michoacán, su servidor y otro compañero corresponsal, nos plantamos con una manta en la puerta de Palacio de Gobierno para exigir un alto a la represión.
Efectivamente, fuimos dos, de inicio, sin embargo, mas comunicadores se integraron a la protesta, y a sugerencia de ellos iniciamos una marcha pacífica al Congreso del Estado y se nos impidió la entrada hasta que llegó el responsable de Comunicación Social y nos comunicó que en los próximos días nos recibiría una comisión de diputados.
Así fue, de nuevo, con una manta con los nombres de los periodistas asesinados y desaparecidos arribamos a la sede del Congreso, y de nuevo, un elementos de seguridad intentó impedirnos la entrada y decomisarnos la manta. Iba la esposa del Chino Ampac.
Finalmente una comisión de legisladores nos recibió y les expusimos nuestras inquietudes y propuestas, entre ellas un alto a las agresiones a periodistas, el esclarecimiento de los asesinatos y desapariciones de los comunicadores, garantías para el ejercicio periodístico, creación de una Fiscalía Especial y un Fideicomiso para apoyar a las familias de los comunicadores asesinados y desaparecidos, entre otras.
El diputado Wilfrido Lázaro Medina hizo compromisos, igual un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otros diputados, compromisos que jamás cumplieron.
Fue necesaria una tragedia para que finalmente el gobernador Silvano Aureoles, el mismo diputado Wilfrido Lázaro Medina y hasta el secretario de gobierno Adrián López Solís, ante la presión de más comunicadores tomaran cartas en el asunto, y bueno, hasta Lázaro Medina se atrevió a presentar una Ley para la Protección a Periodistas dando muestras de oportunista.
Esas demandas fueron retomadas por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, ante la presión para que aparezca el periodista Salvador Adame Prado. Lamentablemente, hasta ahora, se sienten amigos y redentores del periodismo y manifiestan su solidaridad y, efectivamente dicen preocuparse cuando en la realidad les vale sorbete lo que pueda sucederles a los periodistas.
Ahora el gobierno se siente el paladín del periodismo. Pura hipocrecía y oportunismo político.
La Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, a cargo de Julieta López Bautista, muy “preocupada”, convocó a un grupo de compañeros dizque para discutir una Ley que tienda a proteger al gremio.
Pero parece que el tiro les salió por la culata y quienes tomaron la palabra arremetieron contra los funcionarios, entre ellos el titular de gobierno Adrián López Solís, pues a su decir, se les hace sospechoso que tras la desaparición de Adama Prado se quiera trabajar en una Ley de Protección a Periodistas, dando a entender que era oportunismo.
El caso de Adame Prado se complica, pues el procurador Martín Godoy Castro sugirió que una de las líneas de investigación que lleva a cabo la Procuraduría de Justicia en Michoacán no tiene que ver con su oficio periodístico, y desde esta semana agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, dependiente de la PGR, se ha sumado ya a la búsqueda del periodista michoacano, quien fue “levantado” el pasado 18 de mayo por un comando armado en el municipio de Múgica, en la región Tierra Caliente.
Esta línea de investigación fue rechazada por la familia de Salvador Adame Prado.
La desaparición del comunicador se complica porque todo parece indicar que el inepto procurador de Justicia Godoy Castro dejó entrever que la fiscalía estatal mantiene abiertas diversas líneas de investigación, entre las que se encuentra no sólo su actividad periodística, sino también aspectos de su vida privada y presuntos negocios fallidos. Sin embargo, la PGR mantiene la colaboración por la posible injerencia del crimen organizado en su desaparición.
O sea que como no puede con el paquete, pues se lo tiró al gobierno federal.
Por cierto, Silvano Aureoles Conejo, presidió la reunión del Grupo de Coordinación Michoacán (GCM) donde, en seguimiento al compromiso que estableció con el gremio periodístico, donde analizaron los marcos legales para la creación de una Fiscalía Especializada en atención de delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos y dizque se analizaron los protocolos para salvaguardar la integridad de los periodistas y las facultades que debe tener la Fiscalía en cuestión, para garantizar una procuración de justicia eficaz y oportuna. Ante ello, el mandatario Aureoles Conejo pidió a las autoridades estatales y federales que conforman el GCM, unir esfuerzos para dar mayores garantías en el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión.
¿Por qué no invitó a periodistas a dicha reunión para conocer esos marcos legales para la Creación de la Fiscalía?
¿En qué consisten esas garantías en el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión?
Más que una ley para ´proteger a periodistas, es necesario terminar con la inseguridad en Michoacán, en donde el ejercicio periodístico se ha vuelto muy peligroso, de nada sirven protocolos si sigue persistiendo la delincuencia organizada que amedrenta al gremio que por cierto, cuando es objeto de amenazas no denuncia por temor a que algo pueda sucederle a su familia, pues no cuenta con seguridad privada ni vehículos blindados como uno que otro funcionario y diputado, como Pascual Sigala.
