CANCÚN, Q. ROO., 3 de marzo (AlmomentoMX).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su informe de la Cuenta Pública 2015, pidió al Gobierno de Quintana Roo que aclare y entregue documentación que justifique gastos por 67 millones de pesos que fueron ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena (Sedesi).
De acuerdo con información de Luces del Siglo, en sus conclusiones, la ASF revela un probable daño a la Hacienda Pública Federal y por ello pide documentos que demuestren la aplicación de esos recursos que fueron o no ejercidos; en caso de no tener la justificación, la dependencia deberá reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, informó Julián Ricalde Magaña, titular de Sedesi.
En esa cantidad se incluye un probable perjuicio a la Hacienda por un monto de tres millones 222 mil pesos, por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 30 de abril de 2016 del Fondo de Infraestructura Social (Fise) 2015.
Para agravar la situación, los programas Reciclando Basura por Alimentos y las Brigadas del Bienestar, utilizados por la administración de Roberto Borge Angulo como estandarte del apoyo a grupos vulnerables, se encuentran hoy “congelados” por la ineficiencia de la anterior administración al aplicar las partidas y por no realizar mediciones y estadísticas del nivel de pobreza en la entidad.
Esos recursos, explicó el titular de Sedesi, fueron asignados por el Gobierno Federal para esos programas de apoyo social, pero los funcionarios borgistas de Sedesi lo desviaron para otros fines y hasta el momento siguen sin comprobar el uso o destino que les dieron.
“La Auditoría en su dictamen se refiere a programas como Prospera y pregunta si tuvo o no los alcances para quitar el hambre a su población; el asunto es que no hubo claridad y transparencia en la aplicación de los recursos.
“Además, los programas deben ser asertivos para ver si impactamos o no en algún rubro y la respuesta es negativa, no hubo impacto positivo en la población; por el contrario, sólo hubo campañas disfrazadas con despensas y ahora la prueba es que estamos demandados por Liconsa, porque no se pagaron las grandes cantidades de leche que se pidieron para el programa y se desviaron recursos para un partido político”, agregó Ricalde Magaña.
El funcionario comentó que el porcentaje de carencia por hambre nunca fue medido aunque saben que aumentó en los últimos años, pues una de cada tres personas de Quintana Roo son pobres y siete por ciento viven en situaciones extremas de condiciones mínimas de satisfacción en alimentos, vivienda, educación, seguridad.
El análisis e investigación de los recursos de lo que entregó la anterior administración está en manos de la Gestión Pública y las observaciones con las sanciones correspondientes ya están en trámite.
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), la carencia por acceder a los alimentos aumentó más del 5%, pues en 2012 la tasa era de 18.6% y en 2014 de casi 24%, lo que implica un total de 80 mil personas con carencias.
Por otra parte, la misma Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la Cuenta Pública 2015 que el Gobierno del Municipio de Solidaridad “movió” 13 millones 724 mil 429 pesos de un fondo federal a diferentes cuentas bancarias y no fue regresado a la cuenta, por lo que solicitó aclaraciones de los movimientos financieros.
El dinero que fue enviado a Solidaridad proviene del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun), y fue manejado durante la administración del ex alcalde y ex candidato priista a la Gubernatura, Mauricio Góngora Escalante.
En total, la Federación depositó 90 millones 364 mil pesos y de esa suma se transfirieron más de 13 millones a otras cuentas de banco, sin que se haya reintegrado el dinero.
Además, no hay evidencia documental sobre cómo y en qué fueron gastados en 2015 un millón 127 mil 901 pesos del Fortamun.
Ante las observaciones, la ASF señaló un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por lo que el gobierno de Solidaridad deberá aclarar la situación o devolver el dinero faltante a la Tesorería de la Federación.
Ludwig Cárdenas Lugo, contralor del Ayuntamiento de Solidaridad, mencionó que la ASF estuvo en el municipio durante tres semanas revisando las cuentas públicas, especialmente del Fortamun 2015, y señaló la transferencia de dinero a otras cuentas, situación que fue considerada como irregular por interpretarse como desvíos de recursos.
Ante los señalamientos del órgano fiscalizador, el gobierno de Solidaridad inició 10 procedimientos administrativos y disciplinarios en los que están involucrados ex funcionarios, entre ellos, directores de dependencias y trabajadores.
De acuerdo con la auditoría 1641 de la ASF, se integró el expediente CM/DNCE/PAD-41/2016 para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.
En las observaciones la ASF determinó que el municipio no priorizó el cumplimiento de sus obligaciones financieras, tampoco el pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua y descarga de aguas residuales y no se destinó ni 20% de los recursos del Fortamun a necesidades vinculadas a la seguridad pública de Solidaridad.
Juan Carlos Beristáin, síndico del Ayuntamiento de Solidaridad, explicó que desde octubre del año pasado, tras entrar la nueva administración, contrataron a una empresa privada de la Ciudad de México que está realizando auditorías externas a las 13 direcciones del Ayuntamiento y a los órganos desconcentrados.
El trabajo de revisión de las cuentas públicas de la empresa auditora se prevé que finalice en abril, y de acuerdo con los resultados que arrojen las observaciones, se abrirán nuevos expedientes para denunciar ex funcionarios involucrados con desvíos de recursos o malversación de fondos federales, mismos que operaron durante la administración de Mauricio Góngora Escalante.
AM.MX/fm
