Pablo Cabañas DíazEl proceso electoral del año 2006, seguramente será motivo de debate por mucho tiempo y objeto de estudio entre los analistas políticos y de los historiadores. Todavía quedan muchos puntos que son motivo de discusión y que merecerán estudios más cuidadosos. Algunos de los temas que siguen siendo objeto de discusión son los siguientes: el del comportamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), apartir de las 20:00 horas del día 2 de julio que mantuvo una línea sin variación en la sumatoria de votos de los dos candidatos principales, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Que en un país en el que las opciones políticas están diversificadas —salvo en algunas regiones—, no se hubiera manifestado en el comportamiento del concentrado de la información y de que la proveniente del entonces Distrito Federal hubiera sido de las últimas en llegar al centro de acopio, cuando se trataba del medio urbano por excelencia.
Los resultados del PREP, dieron una ventaja de 1.05 puntos porcentuales a Calderón, sin tomar en cuenta las actas con inconsistencias, en una cen una ifra que se redujo a 0.62% con la suma de votos de las actas inconsistentes, tendencia que se repetiría con una ligera disminución —0.58%— en el resultado final del cómputo distrital, y que se confirmaría en el resultado final de la elección dado por el Tribunal al dar por ganador a Calderón con un margen de ventaja de tan solo 0.56 % sobre su principal oponente.
Los supuestos errores y deficiencias del que fueron responsables el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), y su presidente Luis Carlos Ugalde tuvieron su origen el 22 de junio de 2006, cuando el Consejo adoptó la resolución de vislumbrar cuatro escenarios posibles para que el Comité Técnico Asesor diera a conocer, “de inmediato”, al consejero presidente los resultados del conteo rápido, entre los que estaba el clasificado como “b”, en el que se informaría que “no era posible determinar la fuerza política que obtuvo el mayor porcentaje de la votación emitida” por los estrechos márgenes de diferencia entre el primero y segundo lugar. Esta resolución se ató aún más al acordar el formato en el que se debía dar a conocer el informe correspondiente; en esta circunstancia, el formulario pertinente especificaba que “no era posible determinar, dentro de los márgenes científicos establecidos para este conteo rápido, al partido o coalición que haya obtenido el mayor porcentaje de la votación emitida”.
En medio de una situación de incertidumbre, preocupación, tensión y presión del PRI para que no se dieran a conocer los resultados de dicho conteo, dado que las encuestas de salida señalaban claramente un empate técnico, el consejero presidente dio a conocer las conclusiones del Comité Técnico Asesor en el sentido mencionado, pero sin informar sobre los resultados del conteo.
A partir de este momento se desencadenó la crisis poselectoral, hasta la intervención de José Ignacio Salafranca quien era el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea cuando, en acuerdo con los consejeros ciudadanos y el Comité Técnico Asesor, se decidió dar a conocer el contenido, las tendencias y el resultado del conteo rápido.
Más allá de recuperar la crónica de un momento que tuvo repercusiones significativas para el proceso electoral, lo que se quiere es llamar la atención sobre los puntos siguientes: a) el Consejo General del IFE adoptó una decisión limitada para dar a conocer los resultados en cuestión, sin prever las implicaciones y riesgos políticos en una situación política de un escenario de empate; b) tanto el consejero presidente como el Consejo General siguieron los acuerdos del 22 de junio e hicieron una lectura burocrática de los mismos, puesto que en esencia esa resolución llamaba la atención sobre la disposición de no dar a conocer a la fuerza ganadora con tan estrecho margen de diferencia, pero no cancelaba la posibilidad de dar a conocer el resultado del conteo; y, c) además de hacerse rehén de un acuerdo emitido por sí mismo, el Consejo General dejó que el curso de las decisiones fuera tomado por los partidos, por los observadores y hasta por el Comité Técnico, manifestándose nuevamente su falta de autoridad y conducción en el proceso electoral.
A este incidente le siguieron otros más del mismo tenor: que el Consejo General no hubiera explicitado en la información del PREP, que no estaban consideradas las actas con inconsistencias, asunto que motivó la acusación de que se habían perdido alrededor de tres millones de votos; las deficiencias de comunicación del IFE, la poca visibilidad que tuvieron los consejeros para explicar y asumir la responsabilidad en el proceso, y la torpeza con la que el consejero presidente presentó los resultados del cómputo distrital cuando dio por hecho un ganador, en lugar de haber tenido la prudencia de transferir la calificación de la elección al Tribunal, como era lo correspondiente, sobre todo porque para ese momento se tenía una diferencia de 0.58% entre Calderón y Andrés Manuel López Obrador.
