Pablo Cabañas DíazMéxico fue reprobado en el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que evalúa el estado de las libertades fundamentales y por el que deben pasar cada cinco años todos los Estados miembros de las Naciones Unidas(NU). La élite de la diplomacia mexicana gobierno no tuvo otra opción que reconocer ante el Consejo de Derechos Humanos de las NU que existen enormes “retos y desafíos” para preservar las libertades fundamentales de los ciudadanos. En el Palacio de las Naciones de Ginebra, Suiza la delegación de nuestro país fue cuestionada con duras críticas y recomendaciones. Los altos funcionarios que dieron respuesta a los cuestionamientos de distintos países no tuvieron otra opción que reconocer que enfrentamos los que eufemísticamente llamaron: “retos considerables”. Entre esos “retos considerables”, se encuentran la tortura, las desapariciones forzadas y los asesinatos de periodistas. Los diplomáticos que tienen por jefe a Luis Videgaray intentaron defender al gobierno federal aduciendo que “la complejidad de México como estado federal se refleja en que aproximadamente el 95 por ciento de los delitos y violaciones a los derechos humanos son de jurisdicción estatal”. Al final, el argumento torpe y poco creíble mostró al mundo que hay una crisis de violencia, corrupción e impunidad que afecta a amplios sectores de la población.
Decía el dramaturgo español Francisco de Quevedo que “donde hay poca justicia es un peligro tener razón”. Pocos se acuerdan que la Secretaría de Relaciones Exteriores consideró que los comentarios del entonces relator especial de las Naciones Unidas (NU) sobre la tortura en México, Juan Méndez, fueron calificadas por el entonces Canciller José Antonio Meade como “irresponsables y poco éticos”. Fue de tal magnitud el fracaso del gobierno que concluye en Ginebra, que incluso la delegación de Estados Unidos tuvo a bien solicitar la identificación de los responsables de las desapariciones en el caso Ayotzinapa. Uruguay y Paraguay pidieron aceptar la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas de NU, para conocer casos particulares o individuales, medida que el gobierno mexicano ha rechazado. Países como Costa Rica y Benín coincidieron en este punto.
De nueva cuenta estuvo presente en Ginebra, la aprobación en diciembre de 2017 de la Ley de Seguridad Interior, que pretende normalizar y profundizar la militarización de la seguridad pública. Frente a este panorama, el entonces Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales en su informe de 2014 documentó un contexto de impunidad “sistemática y endémica”. Es imposible negar que la impunidad constituye el eje transversal que perpetúa la violencia y las violaciones a derechos humanos. Esta lacerante realidad se agrava tratándose de las violencias sufridas por sectores que se encuentran en situación de desigualdad económica o social, y que están expuestos a mayores niveles de vulnerabilidad. En Ginebra fue claro y manifiesto el fracaso del sexenio de Peña Nieto en materia de derechos humanos.
