Por Pablo Cabañas
La campaña electoral de Peña Nieto construyó una agenda cuya promesa era romper con el ciclo de tasas de crecimiento del 2% anual. El candidato de PRI-PVEM, Peña Nieto, hizo 23 propuestas durante su participación en el primer debate presidencial. La 13, estaba referida a “modernizar” Pemex, con la participación del sector privado y la 16 , era la de bajar el precio a combustibles y hacerlos menos contaminantes.
El PRI no alcanzó la mayoría parlamentaria en las elecciones de 2012, lo cual obligó a Peña Nieto a cambiar su estrategia de privatizaciones . La agenda política resultante fue un programa de gobierno, que implicaba la construcción de un presidencialismo de coalición, que aseguraría en el Congreso de la Unión, la aprobación de un amplio paquete de reformas entre ellas la privatización de Pemex a través de una estrategia llamada Pacto por México.
El Pacto por México (2/12/2012) buscaba la aprobación de reformas que no habían sido suscritas por la falta de acuerdos entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN). En el compromiso 54 quedaba enunciado que se habría de “realizar una reforma energética que sea motor de inversión y desarrollo. Se impulsará una reforma energética que convierta a ese sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor”.
La celeridad con la que se concretó la reforma energética y la amplitud de sus leyes secundarias, (se crearon nueve leyes y se modificaron 12) generó un debate acerca de la viabilidad y los alcances de estos cambios. El escenario que vive México después de la reforma energética no resultó una sorpresa en un estudio realizado por el prestigiado Instituto Oxford para Estudios de la Energía en el que se afirmaba que las metas planteadas por el gobierno mexicano en la reforma energética eran “irreales” y avaló muchos de los argumentos de la oposición expresados durante los primeros días de la discusión de la legislación secundaria, mismos que calificaron como “inalcanzables” los objetivos expuestos en el proyecto de Peña Nieto.