Pablo Cabañas Díaz
La Carta Democrática Interamericana estipula que la libertad de expresión y de prensa, en tanto derechos humanos, esenciales en toda sociedad democrática y fundamento de su existencia. El derecho internacional reconoce que todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión y de prensa, cuyo pleno ejercicio es una herramienta para alcanzar otras libertades individuales. Los ataques a la libertad de expresión y la incapacidad del Estado para resolverlos, afectan no sólo a la democracia, sino al goce de otros derechos humanos por los cuales el Estado también es responsable.
En un contexto de impunidad como el que prevalece en México, las violaciones a la libertad de expresión y prensa son por desgracia una constante. Es en estas circunstancias en las que el pasado sábado Max Rodríguez Palacios, reportero del Colectivo Pericú, de La Paz, Baja California Sur, fue asesinado de 15 disparos de arma de fuego. Los autores del atentado abrieron fuego contra el periodista desde una camioneta. De acuerdo con la narración de Colectivo Pericú, Rodríguez Palacios se estacionó en la zona de discapacitados, donde solicitaría una silla de ruedas para su esposa, quien tiene problemas de movilidad.
Max, como llamaban al colega periodista, fue vocero del Tribunal Superior de Justicia local y de la Procuraduría General de Justicia del BCS, además de que fue corresponsal de Excélsior. Con el asesinato de Rodríguez Palacios suman cuatro los periodistas asesinados en lo que va de este año, tan sólo tres fueron ejecutados el mes pasado, tras el tristemente conocido asesinato de la colaboradora de La Jornada, Miroslava Breach Velducea, en Chihuahua.
Ante esta serie de homicidios la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato del reportero y solicitó a la Secretaría General de Gobierno de La Paz, Baja California Sur, “implementar las medidas cautelares necesarias para proteger la seguridad de los familiares del periodista”. Personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos se desplazó a la Paz para “conocer el estado de la carpeta de investigación iniciado para tal efecto y comentar con el personal ministerial la necesidad de realizar acciones inmediatas para dar con los responsables”. La Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), convocará en los próximos días a las fiscalías o unidades especializadas en libertad de expresión de los gobiernos de los estados para realizar un protocolo que les ayude a combatir las agresiones contra periodistas. En pocas palabras de acuerdo la experiencia en estos casos el asesinato de Max quedará impune.
