Pablo Cabañas Díaz
Un grupo de periodistas de medios locales, nacionales e internacionales fueron interceptados en un retén instalado en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, en la zona norte de Guerrero, por unos 100 civiles armados y encapuchados, que los despojaron de sus equipos de trabajo y pertenencias. Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada en Guerrero; Jair Cabrera, reportero gráfico y colaborador de esta casa editorial; Hans Máximo Musielik, de Vice News; Pablo Pérez García, de Hispano Post; Jorge Martínez, de la agencia Quadratín; Ángel Galeana, de Imagen TV, y Alejandro Ortiz, del diario Bajo Palabra, fueron retenidos por hombres visiblemente drogados que los robaron y los amenazaron con asesinarlos .
Los siete periodistas que fueron ultrajados se habían trasladado para cubrir los acontecimientos que se suscitaron en el municipio de San Miguel Totolapan, donde fuerzas militares y estatales tomaron el control de la seguridad. Esa zona comprende los municipios de Arcelia, San Miguel Totolapan, Tlapehuala, y Ajuchitlán del Progreso, donde los grupos delictivos de “Los tequileros” y “La familia Michoacana” se disputan el control del trasiego de drogas. Los constantes enfrentamientos entre esas organizaciones criminales mantienen en una situación de grave deterioro social y político a esa zona.
En lo que va del año, en Guerrero se han cometido más de 700 asesinatos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, una gran parte de ellos en poblaciones de la Tierra Caliente, donde existen vastas extensiones de sembradíos de amapola y mariguana. La violencia en Guerrero no ha podido ser contenida en la administración de Enrique Peña Nieto. Este año, la entidad reporta las cifras de homicidio intencional más altas durante el sexenio y organizaciones de la sociedad civil han prendido las alarmas sobre una emergencia que ha impactado también a la economía y ha generado altos niveles de pobreza en la entidad. ¿Por qué la gobernabilidad no ha podido ser restablecida en Guerrero? La entidad vive una crisis en materia de seguridad y eso pareciera ser reconocido por los sectores empresariales, políticos y organizaciones civiles. Existen quince grupos armados de autodefensa, de aproximadamente cinco mil elementos, los cuales abarcan las zonas de “Tierra caliente” y “Costa chica.” La incapacidad del gobierno actual que no ha sabido ni querido comprender y brindar las soluciones a los problemas fundamentales del Estado: seguridad y estabilidad económica lleva a ese estado a una situación límite en materia de segurida pública y que hoy vive al margen de la ley.
