Pablo Cabañas Díaz
A los pocos días del inicio de este sexenio Vicente Fox, al igual que otros políticos pensó que era una buena oportunidad atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pensaron que el gobierno federal no tendría la fuerza para emprender una guerra contra el robo de hidrocarburos. Los adversarios del gobierno hicieron sus cálculos sobre las implicaciones económicas que representaría el cierre de las estaciones de servicio del país, y el impacto que tendría en la vida cotidiana de la población. Se equivocaron. En el sexenio de Fox, el robo de hidrocarburos fue catalogado como un tema económico que solo “dañaba a Pemex. De 2000 a 2006 se calcula que hubo una merma de 20 mil millones de pesos anuales. El ex presidente no tuvo la voluntad política para atacar a los grupos de poder que se encuentran detrás de la venta ilegal de gasolinas, diésel y gas.
Por el clima de corrupción que había en el gobierno de Fox, el veracruzano Martín Rojas López, amasó una fortuna que ni siquiera los capos del narcotráfico habían logrado obtener. Rojas López, encabezaba la banda de “Los Chupaductos”, fue detenido en 2005 en Houston, Texas su extradición se complicó porque el FBI descubrió que parte del poder energético que ilegalmente hizo en México lo expandió a Estados Unidos. “Se detectaron cuentas bancarias, cuyas chequeras fueron emitidas en Houston, Dallas; Victoria y Brownsville, Texas; Los Ángeles, California, Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos a nombre de Aditivos y Combustibles, S. A. de C. V.”, de acuerdo a un elaborado por el FBI. En México, tenía depósitos clandestinos en Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla, y Tamaulipas. Constituyó dos empresas, denominadas Aditivos y Combustibles S.A. (ACISA) y, Energéticos Alternos del Norte empresas que Rojas López utilizaba para almacenar la gasolina robada.
Rojas López se adueñó de 40 gasolineras, así como de empresas del transporte, farmacias, hoteles y comercios de venta al menudeo. Esa información fue descubierta y divulgada en el diario “La Opinión” de Poza Rica, Veracruz, por su director Raúl Gibb, quien fue ejecutado de 13 balazos en la cabeza mientras conducía una camioneta el 8 de abril del 2005. Por este homicidio, “Reporteros Sin Fronteras” incluyó a México en la Lista Negra de los países que tienen identificados a los enemigos de la libertad de prensa y entonces boletinó el nombre completo del líder de la banda de Los Chupaductos. “País: México. Autor: Rojas Martín. Función: Líder de la banda de Los Chupaductos. Tipo de atentado: Asesinato o intento de asesinato. Lugar: Veracruz”, se lee aún en la página web de la organización internacional. Sesenta días después, el FBI, la AFI, la Interpol y elementos de la oficina del Alguacil Federal en Houston lo capturaron a Rojas López en la cuadra conocida como los 700 de Bering Drive, cuando salía de su casa para realizar comprar en un centro comercial.
El FBI detectó que, parte de las ganancias obtenidas, las invirtió en Estados Unidos. Logró evadir la acción de la justicia debido a que el juez octavo de Distrito de Tuxpan le concedió una orden de libertad gracias a una suspensión provisional que le fue otorgada a pesar del delito por el que se le acusaba era grave y no alcanzaba fianza. Enfrentaba acusaciones de Hacienda por defraudación fiscal de 4.3 millones de pesos, cuyo delito es grave después de superar 4 millones. Fue un magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito de Puebla, quien le dio la liberación.
