Pablo Cabañas Díaz El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a Felipe Calderón de corrupción y tráfico de influencias al ser nombrado consejero asesor de una empresa que fue contratada durante su sexenio para vender energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Calderón negó las acusaciones en su contra, así como la relación con otras empresas en las que ha existido conflicto de interés y retó al presidente de la República a probar los señalamientos.
A pesar de negar las acusaciones en su contra lo cierto es que Calderón, en julio de 2016, fue nombrado miembro del consejo de administración de la estadounidense Avangrid, filial de la compañía española de energía Iberdrola que posee el 80 por ciento de compañía y que antes de la adquisición, se llamaba UIL Holdings. Iberdrola tiene una fuerte presencia en México desde hace 18 años. El capital español antes de la reforma energética controlaba ya el 43 por ciento de la producción independiente de electricidad en México. En 2019, Iberdrola produce más electricidad en México que en España. De este tamaño son los intereses de Calderón con la empresa española.
El presidente de la firma, Ignacio Galán, ahora enfrenta un escenario muy distinto en nuestro país. Llama la atención que la llegada de Calderón, a Iberdrola coincidiera con que su cliente más importante es la CFE a la que le vende energía. Iberdrola llegó a México en el sexenio de Ernesto Zedillo en 1998, justo cuando enfrentaba en su país demandas por supuesto cohecho, tráfico de influencias y sobornos a funcionarios públicos para obtener permisos de operación. Tanto en España como en Guatemala, Bolivia y Brasil esta empresa acumula denuncias por cobros abusivos en las tarifas a sus consumidores. En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España, publicó acusó a Iberdrola de manipular el mercado eléctrico e intentar forzar un incremento en las tarifas superior al 10% para millones de hogares. CNMC probó que la empresa retuvo el agua de sus presas en los embalses del Duero, Tajo y Sil para encarecer el precio de la luz el primer trimestre del año 2013.
En México, un ejemplo, es el contrato de obra pública a precio alzado PIF-001/2006, que la CFE otorgó a Iberinco en el sexenio de Calderón el 18 de enero de 2006 para la ejecución de la obra civil de la Subestación Eléctrica Arroyo Coyote, ubicada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la Subestación Eléctrica Carbón II, ubicada en Nava, Coahuila. Mediante el contrato 4540001824, la española sub contrató a Electrificaciones Parral, SA (EPSA). A medida que avanzaba la obra, Iberdrola ordenó trabajos no considerados en el proyecto original; y aunque éstos fueron remunerados por la CFE, la trasnacional no los liquidó a EPSA. Parece ser que esta es la forma de operar del consejo de administración de esta compañía.
La administración de Felipe Calderón recibió a Iberdrola con la adjudicación de un contrato por 605 millones de dólares para modernizar la Central Nuclear Mexicana Laguna Verde en propuesta conjunta con Alstom, compañía que en 2002 vendió a la CFE turbinas de gas que presentaron problemas tecnológicos. En su información financiera, el corporativo asegura que el gobierno mexicano le asignó este proyecto gracias a su “experiencia y capacidad técnica adquiridas durante los últimos años en proyectos nucleares, tanto en España como en el extranjero (Brasil, Eslovaquia, Ucrania, Rusia, Francia, Italia. Iberdrola en España al paso de los años ha sido cuestionada por actos de corrupción. Urdió un plan para alterar el precio de la luz y obtener un lucro ilícito de 20 millones durante el invierno de 2013 y coincidiendo con una ola de frío, según afirmó el fiscal anticorrupción Antonio Romeral en la denuncia que se presentó en la Audiencia Nacional contra los responsables de la compañía. De ese tamaño es la calidad ética de la empresa que en México defiende Calderón.
