Pablo Cabañas Díaz
Desde 2014, el gobierno de México ha estado presente en las noticias internacionales por escándalos mayúsculos derivados de graves violaciones de derechos humanos y actos de corrupción en las más altas esferas de gobierno. Lo que parecía ser en los años 2012 y 2013 una historia de éxito de una clase política conservadora que había logrado completar el ciclo neoliberal en México, hoy es un ejemplo de incompetencia y de conductas reprobadas por la opinión pública.
México experimenta una crisis más severa que la sufrida en 1994-1995, cuando coincidieron en el tiempo la irrupción del zapatismo, la lucha nacional por la democracia electoral, magnicidios políticos sucesivos y una severa crisis económica. Al paso de 22 años, estamos al final del ciclo democratizador limitado a la esfera electoral y de un proyecto neoliberal que protegió los intereses de toda clase de monopolios, públicos y privados. En términos económicos, lo único que se ha logrado es un prolongado estancamiento y un agravamiento de la desigualdad y la pobreza; en términos políticos, la democracia electoral hay que reconocerlo ya esta agotada.
La crisis del 2017 es económica, política, moral y social. Nuestra sociedad confronta radicales disyuntivas: la restauración autoritaria o un salto cualitativo hacia la democratización; una ruta hacia el crecimiento o al estancamiento indefinido; la construcción de un real Estado de derecho o la continuidad de la precariedad institucional. Para explicar esto, basta ver los resultados de la elección del estado de México. El priista Alfredo Del Mazo consiguió el triunfo más valorado para su partido: retener el Estado de México, bastión esencial de su partido.
El PRI, en solo seis años ha perdido la tercera parte de su fuerza electoral. Hace cinco años Eruviel Ávila obtuvo el gobierno con el 61.97% de los votos (3 millones 18,588 votos) contra el 33.7% (más de 1 millón 952,000) votos de Del Mazo. Del Mazo tiene la votación más baja de los gobernadores priistas en la entidad en 24 años.
Los escándalos de corrupción de los exgobernadores a nivel nacional, la mayoría de ellos priistas, la inseguridad y la falta de empleo y una economía en crisis ha generado un rechazo de la ciudadanía cada vez más creciente a la democracia electoral y a sus resultados. Es la profunda degradación del Estado en todas sus instancias y niveles, lo que bloquea el desarrollo del país y lo coloca en una crisis de gobernabilidad en al menos algunas importantes regiones. Estos factores señalan la precariedad del proyecto de restauración del presidencialismo impulsado por el régimen. Se quiere restaurar una institución en crisis y seguir minando a las instituciones, para impedir la construcción de candidaturas y partidos políticos creíbles.
