Pablo Cabañas DíazEn diciembre de 2014, , el entonces canciller José Antonio Meade habló sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y reconoció que la Corte Penal Internacional (CPI) podría actuar en contra del presidente Enrique Peña Nieto si se llegara a acreditar la falta de voluntad del Estado mexicano para investigar y resolver ese caso que horrorizó al país y al mundo.
A lo largo de cuatro años el gobierno de Enrique Peña Nieto consideró que ese tribunal con sede en La Haya no iba a tener necesidad de ejercer acciones penales contra su persona y otros funcionarios de su administración por el caso Ayotzinapa, en virtud de que el Estado mexicano había mostrado “convicción, voluntad y capacidad” para resolverlo. Cuatro años después, queda claro que Meade se equivocó. La investigación del gobierno de Peña sobre la desaparición de los 43 normalistas en los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala no ha producido, el esclarecimiento de los presuntos responsables.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el crimen entre marzo de 2015 y abril de 2016 por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), enfrentó durante su estancia en México a una serie de ocultamientos de información y obstáculos a sus labores. Los responsables de entorpecer esa investigación conducida por cinco profesionales de las ciencias penales, la criminología y los derechos humanos del más alto nivel fueron funcionarios del gobierno mexicano tanto del ámbito judicial como del político y del militar, según han denunciado ex integrantes del GIEI.
Peña Nieto se empeñó en defender una conclusión que es insostenible de acuerdo con las evidencias: la de la “verdad histórica” proclamada en enero de 2015 por el entonces procurador general Jesús Murillo Karam, según la cual los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula por el grupo criminal Guerreros Unidos. Los abogados de los padres de las víctimas llamaron a esa versión la “mentira histórica”. La semana pasada, Luis María Aguilar, Presidente de la Corte, notificó un acuerdo en el que detalló la ruta legal para que los Ministros revisen si es posible ejecutar las cuatro sentencias dictadas en junio del 2018 por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó crear una Comisión para investigar este caso y desconoció la investigación de la PGR.
Si bien hay elementos para suponer que Guerreros Unidos participó en el hecho, también hay pruebas que descartan que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula y que ubican al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, en la escena del crimen, en una diligencia ilegal que, según padres de los desaparecidos, habría tenido como propósito “sembrar” evidencias. Relatores de la CIDH consideran que hay fundamentos para suponer que el Estado mexicano no ha tenido la suficiente voluntad para esclarecer la desaparición de los estudiantes, dar con su paradero y sancionar judicialmente a los responsables. Mucho menos a los eventuales cómplices políticos de Guerreros Unidos, más allá de las autoridades municipales de Iguala ya encarceladas.
A tres meses de que termine el sexenio de Peña Nieto, su gobierno no ha mostrado voluntad ni capacidad para resolver este caso. Por lo tanto, eso configuraría una causal para que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue y sancione penalmente a los funcionarios mexicanos que, por negligentes o eventualmente por entorpecimiento, impidieron la posibilidad de llegar a la verdad y hacer justicia en el caso Ayotzinapa. La CPI interviene en los casos de crímenes de lesa humanidad o de guerra que los sistemas de justicia de los países son incapaces de investigar y, por tanto, pueden queden impunes.
“Lo que busca la CPI es la no impunidad de delitos de este tipo. A diferencia del Sistema Interamericano de Justicia (la comisión y la corte de derechos humanos), no establece responsabilidades a los Estados, sino a los funcionarios de esos Estados que buscaron la impunidad, por acción u omisión, en un crimen de lesa humanidad.
Organizaciones mexicanas de derechos humanos ya enviaron a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, un expediente sobre el caso Ayotzinapa en el que se incluyen los informes del GIEI sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y las evidencias de que se trató de un operativo coordinado en el que participaron delincuentes y diferentes autoridades. En diciembre, como precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade dijo que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “se revisó en las diferentes instancias jurisdiccionales” y “habrá de seguirse revisando”. Falta ver si, como ciudadano y sin fuero, Meade y otros funcionarios que han estado relacionados con este caso siguen sosteniendo lo expresado hasta ahora .
