Pablo Cabañas Díaz
El fiscal especial para el caso Iguala designado por la Procuraduría General de la República (PGR), Alfredo Higuera, reconoció dos casos de tortura de presuntos implicados en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Estos ominosos hechos fueron señalados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la oficina del Alto Comisionado de la ONU.
De nueva cuenta los acontecimientos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, ilustran los graves problemas estructurales que aquejan a la sociedad mexicana: colusión de autoridades con grupos del crimen organizado, corrupción e impunidad, por mencionar solo algunos. Las consecuencias políticas, jurídicas y de imagen del país, al paso de cuatro años también exhiben el creciente deterioro de los derechos humanos y la ausencia de definiciones estratégicas para abordar los grandes problemas nacionales.
Diversas voces en el mundo de la academia, y en organismos internacionales de derechos humanos empiezan a sugerir la posible intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) en este lamentable hecho. Hasta ahora, el caso Ayotzinapa tendría pocas posibilidades de éxito para ser investigado por la CPI ya que el Estado mexicano tiene jurisdicción sobre los hechos, pero si no está dispuesto a llevar a cabo una investigación de acuerdo a los protocolos internacionales o no puede realmente hacerlo, la posibilidad de acceder a esa instancia es una opción que explora el informe “Atrocidades innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México” elaborado por la organización de derechos humanos Open Society.
El informe, concluye que en el sexenio de Felipe Calderón y en lo que va de la gestión de Enrique Peña Nieto se tienen contabilizados medio centenar de crímenes de lesa humanidad. Al respecto, Ina Zoon, coordinadora de proyectos de justicia penal para América Latina de Open Society, es enfática en señalar que “hay una base razonable para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Según, Open Society, nuestro país satisface plenamente la definición legal de crímenes de lesa humanidad establecida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (suscrito por México desde enero de 2006), así como en la jurisprudencia de la misma Corte y otros tribunales internacionales. En el documento de 232 páginas, se destaca que las fuerzas federales han cometido numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas, dejando ver un patrón de comportamiento que permite concluir que no se trata de actos aislados, ni son eventualidades, sino una política de Estado.
Destaca Open Society que pese a la escasa o nula fiabilidad de las cifras oficiales sobre los delitos y la justicia en México, así como por el sesgo hacia la infraestimación de la magnitud y gravedad de las atrocidades cometidas, la crisis humanitaria que vive el país hace diez años tiende a ser más aguda y la falta de capacidad de la administración “impopular” del presidente Enrique Peña Nieto o lo que en palabras del diario Financial Times significa una condena para él y su partido, el PRI. El texto, firmado por su corresponsal Jude Webber, publicado el pasado 8 de mayo advierte al gobierno mexicano la aguda crisis que experimenta.
