Pablo Cabañas DíazEn plena campaña presidencial, el presidente Enrique Peña Nieto decidió que, si no se podía por la vía de una nueva ley, el gran negocio del agua tenía que hacerse mediante un decreto presidencial. De tal suerte que el pasado 6 de junio , apareció en el Diario Oficial de la Federación, un decreto que autorizaba el “reordenamiento” de 295 de un total de 757 cuencas hídricas del país, que representan el 55% de las aguas superficiales.
El decreto permite modificar las “vedas existentes” para la explotación de estas cuencas hídricas y abre prácticamente la modificación para las concesiones de la explotación del agua en estos lugares. Según la coalición “Agua Para Todos”, se trata de una privatización de facto porque al levantar la veda se abren las puertas para comercializar el 55% del agua existente, a través de organismos y operadores empresariales que pueden operar a nivel y entregarlas a empresas mineras, de hidrocarburos, turísticas y, sobre todo, inmobiliarias.
La firma del decreto modificó la veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. En ese 40 por ciento de las cuencas escurre 55 por ciento de las aguas superficiales del país. En términos sucintos, lo que se autorizó fue eliminar la “prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua” en esas cuencas con el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años.
Diversas voces entre las que destacan académicos y sectores de la población que históricamente han enfrentado problemas sobre el acceso al agua potable, han expresado su inconformidad con las medidas tomadas de manera reciente por Peña Nieto. México desde esta semana incumple el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (PIDESC, firmado por México en 1981) en el que se reconoce la obligación de todos los Estados firmantes a garantizarle a todos los individuos un nivel de vida digno.
El derecho humano al agua constituye una parte esencial del ser humano y que tiene un reconocimiento jurídico a partir de dicho pacto, y aunque el agua no es un aspecto explícito del mismo, es lógico que sin un acceso garantizado y equitativo a dicho elemento de la naturaleza, difícilmente se podrá aspirar a una calidad de vida digna.
El derecho humano al agua se ha convertido en un referente de importancia en el difícil proceso de evitar la privatización del servicio, no obstante, lo establecido como derecho y su aplicación se sustenta desde una “contradicción poco visible”, pues si se parte de los conceptos que lo definen y que se derivan de la Observación General nº. 15, (noviembre de 2002) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho al agua, la cual define como el derecho de cada ser humano a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico, es posible identificar en qué consiste dicha contradicción. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que el costo del agua no debe superar tres por ciento de los ingresos del hogar. Sin importarle estos derechos de los mexicanos Peña Nieto abrió la puerta para que el 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria. En pocas palabras, fue el último un despojo a la Nación que hizo el PRI a la Nación.
