CIUDAD DE MÉXICO, 21 de diciembre (AlmomentoMX).- El Representante de la Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, expresó hoy en una misiva dirigida a la Cámara de Diputados su preocupación en relación con el proyecto de creación de una Guardia nacional militarizada por aspectos “problemáticos desde una perspectiva de derechos humanos”.
La carta invita a los legisladores a que revisen el proyecto de ley para “incorporar salvaguardas” en materia de derechos humanos.
La carta y el documento técnico que la ONU-DH ha enviado al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dip. Porfirio Muñoz Ledo (también a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados; y a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Población, y Seguridad Pública) en referencia a la Iniciativa de Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Politica de México en materia de Guardia nacional identifica “una serie de elementos en el articulado del Proyecto de Dictamen que serían problemáticos desde una perspectiva de derechos humanos”
“Tras analizarlo, la ONU-DH reitera la preocupación general expresada en la comunicación de esta Oficina a la cámara de Diputados del pasado 21 de noviembre y en la intervención durante la audiencia convocada por la Comisión de Puntos Constitucionales del 11 de diciembre, en relación con el fortalecimiento del papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y combate a la criminalidad que supondría la aprobación del proyecto en los términos presentados”, indica la misiva.
El proyecto, lamenta la ONU-DH, “desaprovecha la oportunidad para incorporar salvaguardas en temas tan relevantes como el uso de la fuerza y la creación de un registro nacional de detención”.
“La ONU-DH reitera que la estrategia iniciada hace más de una década no ha dado los resultados esperados, produciéndose un incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos.”
“Desde la ONU-DH se alienta al Estado Mexicano a adoptar una fórmula que permita el retiro gradual, ordenado, planificado, medible y verificable de las Fuerzas Armadas de la tareas de seguridad pública; garantice el carácter excepcional y temporal de su participación en tareas de seguridad, asegure la supeditación de las Fuerzas armadas a la autoridad civil; fortalezca las capacidades de las corporaciones civiles; fomente la corresponsabilidad entre los diversos órdenes de gobierno; e incorporare un régimen efectivo de control y rendición de cuentas que inhiba el abuso y la violación a los derechos humanos”, concluye el Representante en México de la Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
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