Los órganos constitucionales autónomos y sus designaciones

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Amando Arroyo Esquivel

poderesCon la creación de los órganos autónomos se modificó la tradicional división de poderes de una democracia. A dichos organismos se asignaron funciones de Estado para dejarlos fuera de los vaivenes que provocan los cambios de gobierno. De ahí que en el proceso de designación de quienes dirigen esos órganos, los cuales asumen funciones que normalmente corresponden al Poder Ejecutivo, participe el Poder Legislativo.

Los órganos constitucionales autónomos surgen en México en los años 90. Los recurrentes golpes de timón que los mexicanos experimentábamos con los cambios de sexenio sustentaban las dudas de inversionistas nacionales y extranjeros e incluso de aliados estratégicos sobre la estabilidad en el mediano y largo plazos de la nuevo modelo de desarrollo. Por ello, fue necesario transferir funciones esenciales del Estado a organismos que no se sometieran a ninguno de los poderes. Esa es, tal vez, la característica fundamental de los órganos constitucionales autónomos: que ninguna autoridad pública, privada o política pueda tener poder jerárquico o incidencia sobre ellos.

Los mexicanos contamos con seis órganos constitucionales autónomos[1]: el Banco de México (BANXICO); el Instituto Federal Electoral (IFE); la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y dos más de reciente creación: la Comisión Federal de Competencia Económica (COFETEL) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL).

 

Cada uno de estos organismos surge por motivaciones particulares, y tiene atribuciones de Estado y procedimientos de designación específico.

 

En 1994 el Banco de México se convirtió en el primer órgano constitucional autónomo. Esta novedad en la ingeniería constitucional de nuestro país pretendía darle mayor credibilidad y certeza a la política monetaria; evitar que la política influyera en las decisiones del banco central e impedir que se siguiera financiando los déficits presupuestarios del gobierno federal. El mecanismo que se diseñó para la integración de su Junta de Gobierno dispone que el Presidente de la República designe a los integrantes de la Junta, y que éstos sean ratificados por la Cámara de Senadores. De entre ellos, el Presidente propone al Gobernador del Banco.

 

En el caso del IFE, la autonomía se logró en 1996 como parte de la histórica reforma constitucional y legal que consolidó el carácter ciudadano de las elecciones. Con dicha reforma se excluyó la intervención del gobierno en la organización electoral, se impulsaron reglas más claras en el financiamiento público de los partidos políticos y se logró mayor credibilidad en el voto como instrumento para determinar la distribución del poder político. El mecanismo vigente  para la integración del Consejo General establece que la Cámara de Diputados emite una convocatoria pública; de ésta se selecciona un grupo de aspirantes a consejeros electorales; la Junta de Coordinación Política integra las propuestas con la participación de diputados de las fracciones parlamentarias, y es el pleno de la Cámara de Diputados donde se designa a los consejeros electorales.

 

La CNDH se crea en 1990 para defender a los ciudadanos ante los evidentes abusos de los gobernantes en el ejercicio del poder, típicos de un sistema todavía autoritario. Su autonomía constitucional se otorgó en la reforma de 1999, para garantizar que el ejercicio de los derechos universales no se vea limitado por los intereses o preocupaciones del gobierno en turno. El procedimiento más reciente para la designación del Presidente de la CNDH señala que el Senado hará una convocatoria pública, la evaluación de los conocimientos de los aspirantes se realiza por dos comisiones del Senado y es el pleno de la Cámara de Senadores quien designa la titular de la CNDH.

 

En el INEGI la autonomía tuvo la finalidad de contribuir al derecho de los ciudadanos de tener acceso a información veraz sobre el desempeño de sus gobernantes. Aquí, al igual que en el caso del IFE, pese a que la calidad técnica de este instituto era reconocida a nivel internacional, en México regularmente había cuestionamientos a las cifras que proporcionaba (sobre desempleo, pobreza, población e inflación). Al convertirse el INEGI en órgano constitucional autónomo se volvieron oficiales y obligatorias las cifras generadas por el INEGI, y acabaron las disputas interinstitucionales con BANXICO por los resultados de inflación. El procedimiento para la designación de su titular es similar al establecido para el BANXICO: el Presidente de la República designa a los miembros de la Junta de Gobierno, con la aprobación del Senado, y de entre éstos el titular del Ejecutivo Federal designa al Presidente del Instituto.

 

En 2013 la creación de la COFETEL e IFETEL deriva de los reclamos de diversos sectores de la sociedad para que las autoridades que regulan la competencia en telecomunicaciones y radiodifusión se conduzcan con imparcialidad. Para ello, la reforma constitucional respectiva se propuso garantizar la absoluta autonomía y el apego a criterios estrictamente técnicos en las decisiones de dichas autoridades. La integración del órganos directivos de ambos organismos se estableció que fuera mediante convocatoria pública; se creó un Comité evaluador en el que participó el INEGI y BANXICO (y que garantizó la confidencialidad sobre la identidad de los aspirantes); este comité propondría ternas al Presidente de la República con los aspirantes con mejores calificaciones, para que con ellos el titular del Ejecutivo integre las propuestas que se enviarían al Senado para su aprobación en el pleno. Sin duda este es el procedimiento más sofisticado y seguramente es así para evitar la influencia de los poderes fácticos en las designaciones.

 

Como se puede ver en este apretadísimo resumen sobre la creación e integración de los órganos constitucionales autónomos, hay elementos comunes en todos ellos: la búsqueda de imparcialidad; la certeza sobre la información que proporcionan; la independencia de los poderes públicos, así como el fundamento técnico de sus decisiones en el mediano y largo plazos. Con la afortunada excepción del Consejo General del IFE, los integrantes de todos los órganos constitucionales autónomos, la designación surge a propuesta del Presidente de la República y se aprueba en el Senado.

 

Hay variaciones en la selección de los aspirantes; en unos casos se fundamenta en la trayectoria curricular y en otros se realiza mediante concursos públicos. Pero en todos, con la excepción del IFE, el origen de la propuesta que vota el senado es el Titular del poder Ejecutivo.

 

Ahora que sigilosamente se está discutiendo una reforma electoral y ante la posibilidad de crear una autoridad nacional de elecciones: ¿No convendría modificar el procedimiento de designación de los consejeros del IFE para disminuir las filias y fobias partidistas y avanzar hacia un mecanismo más de tipo meritocrático? ¿No convendría replantear todo el procedimiento y pasar la designación a la Cámara de Senadores, con la participación de un Comité de Expertos auténticamente independiente, ya que todavía no se emite la convocatoria para renovar a varios integrantes del Consejo General? ¿Será que los partidos políticos ya están avanzando en los consensos sobre la distribución de esos espacios y por ello la información pública sólo se refiere a las reformas energética y fiscal? Pronto lo sabremos.

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AM.MX/aae

 



[1] Por razones de espacio no entraremos aquí al debate sobre el significado de autonomía que implica la mención constitucional, por diversos contextos, a pueblos y comunidades indígenas, universidades, tribunales (agrarios, contenciosos administrativos, electorales o a la Auditoría Superior de la Federación).

 

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