Francisco Medina
CIUDAD DE MÉXICO, 8 de abril (AlmomentoMX).- La mayor amenaza para la seguridad nacional vendría de la mano de la concurrencia de intereses y acción concertada de los grupos vinculados con el terrorismo, el crimen organizado y el radicalismo de los grupos subversivos y los movimientos anarquistas, señala el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México.
En el estudio ¿Son los grupos armados una amenaza a la seguridad nacional?, el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, indica que la mera presencia de grupos armados vinculados al narcotráfico, no supera el umbral de riesgo para la seguridad nacional y en consecuencia las estrategias adoptadas para enfrentarlos debe de ser acorde con esta condición. La mayor afectación a la seguridad nacional vendrá de la mano de la concurrencia de la trilogía terrorismo –crimen organizado– movimientos radicales de corte revolucionario.
Agrega que no es menos cierto que en los primeros años de este siglo el tejido social mexicano se fue corrompiendo y provocando un impacto negativo en la seguridad y en el desarrollo del país, llegando a una profunda crisis en la seguridad pública.
Esta situación generó una consecuencia perversa como fue el hecho de solapar e incluso confundir las agendas de aquella con la seguridad interior. Incluso, se justificaba desde algunos foros que la seguridad nacional se encontraba amenazada.
El contexto anterior llevó a tomar una decisión que me atrevería a calificar como precipitada, pero que sin duda fue influida por la situación de emergencia que se vivía en algunas zonas del país. El hecho es que las políticas y estrategias aplicadas dieron unos resultados que no eran los esperados, trayendo consigo nuevos efectos no deseados, entre otros la escalada de la violencia.
La situación de emergencia creada en los primeros años del presente siglo, como consecuencia del incremento de la violencia asociada a los cárteles del narcotráfico, motivado entre otros factores por la presión internacional a la que se estaba sometiendo a los grupos del crimen organizado en Colombia, unido a la afectación del tejido social generada por la penetración de esos grupos en los diferentes órdenes de gobierno, afectó profundamente a la seguridad pública, viéndose incluso desbordada en algunas zonas del país. Uno de los efectos perversos de las políticas adoptadas fue el hecho de haberse confundido las agendas de la seguridad pública y la de seguridad interior.
En un escenario de afectación a la seguridad interior no debe ser considerado el empleo de las fuerzas armadas como una excepcionalidad, sino como uno de los recursos del Estado para restaurar el Estado de Derecho en aquellas zonas que lo requieran.
El Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, señala que el empleo de las capacidades militares, no debe ser ni el principal, ni el único recurso. Al contrario, debe formar parte de unas políticas integrales que contemplen resultados en el corto, medio y largo plazo. Si bien, no es un caso aislado, se precisa que las instituciones castrenses cuenten con el respaldo legal, así como los recursos humanos, materiales y presupuestarios que les permitan acometer sus responsabilidades con eficacia, evitando un desgaste innecesario, a la vez que se contribuye al desarrollo de un sistema policial eficiente que permita a la mayor brevedad recuperar el espacio de la seguridad pública.
Grupos armados relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado
Estos grupos armados han ido modificando su dinámica de actuación en los últimos años, especialmente desde que en el año 2006 comenzara lo que se dio conocer como “guerra contra el narcotráfico”, abandonando a partir de ese momento lo que se venía considerado como un “negocio familiar” en el que los grandes cárteles tenían definidas sus áreas de influencia, con la connivencia en ocasiones de los poderes del Estado que se limitaban a “mirar a otro lado”.
Pero no fue solamente la decisión del entonces presidente Calderón, de enfrentar abierta y directamente a esta amenaza a la seguridad del Estado, lo que provocó el incremento de la violencia asociada a los cárteles de la droga. También influyó notablemente el desvío del tráfico de drogas por el territorio mexicano, para emplear rutas más seguras que permitieran explotar la relación, voluntaria o bajo presión, con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Esta modificación vino a alterar las áreas de influencia de los cárteles, hasta el punto en el que se podría llegar a afirmar que la influencia del crimen organizado permeó en las instituciones políticas, judiciales y de seguridad, para el logro de sus fines y, como consecuencia, se agravó la ya evidente confrontación entre los diferentes cárteles.
En este nuevo escenario, los cárteles, especialmente los de mayor presencia –Pacífico, Los Zetas, Caballeros Templarios, El Golfo, Familia Michoacana o el Cártel de Jalisco Nueva Generación–, así como un número indeterminado de organizaciones criminales fueron adquiriendo mayores capacidades y modificando sus estructuras y forma de operar, para ir conformándose como una organización “paramilitar”, orientando su lucha al control de territorios, y enfrentando no solo a los grupos rivales sino a las fuerzas de seguridad. No estamos hablando en este caso de meros grupos delincuenciales, sino grupos armados con un elevado grado de organización, inteligencia y capacidades operativas y logísticas, lo que le permite realizar acciones de amplio alcance en espacio y tiempo.
Este ataque frontal del Estado a los cárteles de la droga, unido a la contención del tráfico de drogas procedente del sur hacia el norte, dio lugar por una parte a una balcanización de estos grupos criminales, de manera que se estima que actualmente hay en torno a 45 grupos armados relacionados con el narcotráfico. La segunda de las consecuencias de este enfrentamiento frontal ha sido la diversificación de sus actividades criminales, pues no hay que olvidar que los objetivos de estos grupos son exclusivamente económicos, por ello la mayoría de esos 45 grupos armados han extendido su ámbito de actuación, además del narcotráfico, a otros delitos relacionados con el crimen organizado como son el secuestro, la extorsión (derecho de piso), robo y venta de minerales e hidrocarburos, tráfico de personas y de armas, etc., lo que justifica el crecimiento de los delitos de alto impacto en los últimos años, tras el descenso experimentado en el primer año del actual sexenio.
Este incremento de la violencia relacionada con estos grupos armados ha superado el ámbito de la seguridad pública y afectado la seguridad interior. Cabe entonces preguntarse hasta qué punto llega el nivel de amenaza a la seguridad nacional,
La fragmentación producida en los cárteles vinculados al narcotráfico ha sido, como ya he mencionado, una de las causas de la expansión de la violencia en los últimos años. Pensemos que apenas hace diez años tan sólo existían dos grandes grupos de ámbito nacional más o menos hegemónicos –los cárteles del Pacífico y el de El Golfo– y alrededor de ellos otros locales en sus respectivas órbitas y con sus “áreas de influencia” limitadas. La decapitación de esos grupos armados producida desde 2006 ha ido generando nuevas organizaciones, caracterizadas todas ellas por su alto perfil de violencia. Estos cárteles tienen estructuras simplificadas y jerarquizadas, y una considerable dispersión, lo que les proporciona una mayor flexibilidad. Recurren a las alianzas de conveniencia y hacen un amplio empleo de la fuerza para ocupar nuevos espacios.
A estas características se ha añadido una nueva en los últimos años como es la, también mencionada, diversificación de la actividad delictiva incluyendo el secuestro, la extorsión, tráfico ilegal de personas y armas, junto a otros delitos relacionados con el fuero común.
Los enfrentamientos entre grupos delictivos constituyen el principal generador de violencia en la mayoría de las regiones del país, como pone de manifiesto las disputas entre los cárteles del Pacífico y Beltrán Leyva en Sinaloa; las de El Golfo y los Zetas en Tamaulipas y Nuevo León; Jalisco Nueva Generación y los Templarios enfrentados en Michoacán; o la confluencia de varios grupos en Guerrero, por citar algunos de los más conocidos.
Pero esta ya de por sí preocupante afectación de la seguridad interior, que pone en riesgo la propia seguridad nacional, derivada de la expansión de los grupos armados vinculados con el crimen organizado se ve agravada por la posibilidad que éstos adopten comportamientos mucho más violentos, llegando a buscar el enfrentamiento directo con las fuerzas policiales e incluso militares, y sin descartar tampoco, en último extremo, los ataques terroristas a la sociedad civil.
Conforme a lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que los grupos vinculados a los movimientos subversivo-guerrilleros y los grupos anarquistas pueden ser considerados como riesgos y que solamente en determinadas zonas podrían llegar a afectar a la seguridad interior en el caso que concurrieran una serie de circunstancias o fenómenos adversos.
Sin embargo, al referirnos a los grupos armados relacionados con el crimen organizado la situación es diferente por cuanto éstos han desbordado el ámbito de la seguridad pública, para convertirse en un problema de seguridad interior en muchas zonas de la República, y podrían llegar a constituir incluso, en determinadas condiciones, una afectación a la seguridad nacional.
Por ello, una estrategia de seguridad nacional requeriría la adopción de medidas preventivas que nos permitan identificar la escalada de la amenaza, junto con la aplicación de líneas de acción de amplio espectro no solo en el campo de la seguridad, sino en el desarrollo, educación, cultural. En el caso del crimen organizado se requiere además la adopción de medidas defensivas que garanticen la permanencia del Estado de derecho, por cuanto la seguridad interior se encuentra afectada, lo que justifica el empleo de las Fuerzas Armadas en este escenario de afectación a la seguridad, a la vez que se adoptan otro tipo de medidas, como sería, entre otras, el necesario desarrollo judicial y procesal que permita enfrentar no solamente los delitos de alto impacto, sino la corrupción e impunidad; el diseño de un sistema policial que permita recuperar los espacios de seguridad pública en los que hoy se ven obligadas a ocupar las Fuerzas Armadas; y junto a ellas acciones a un mayor largo plazo en el campo de la educación y el desarrollo.
