Lilia Arellano.
“La mayor desgracia es merecer la desgracia”: Jean de la Fontaine
- Tortuosa pesadilla
- Mantener estructura de impunidad, finalidad de Meade
- BdeM: “corrupción y violencia”, inquietud permanente
- Por crisis mexicana, arremeten en contra de periodistas
- Cajas de seguridad en Cancún: SEIDO, “nos robaron”
- Coahuila, sitúan el centro de exterminio de Los Zetas
Ciudad de México, 5 de diciembre de 2017.- Tras concluir el registro de José Antonio Meade Kuribreña como precandidato del PRI a la Presidencia de la República, al cual asistió todo el gabinete de Enrique Peña Nieto, quedó confirmado en ese instituto político no existe propuesta de gobierno o administración futura para construir una campaña aceptable y creíble. Su única propuesta es la continuidad en el terreno económico, con los resultados resentidos en más de tres décadas, y las mismas falsas promesas de siempre de combatir la corrupción, la cual fue expuesta frente a dirigentes, legisladores, funcionarios, líderes sindicales del partido más vinculado con escándalos e indagatorias por desvío, mal uso y abuso de recursos públicos.
Como si viviéramos en un país de ensueño, ni siquiera se exhibió un tímido intento de revisar lo que no ha funcionado frente a los responsables de las principales carteras de la administración federal presente: Miguel Ángel Osorio Chong, de Gobernación; Luis Videgaray, de Relaciones Exteriores; Aurelio Nuño, de Educación; José Antonio González Anaya, de Hacienda; José Narro de Salud; Enrique De la Madrid Cordero, de Turismo; Gerardo Ruiz Esparza, de Comunicaciones y Transportes; y Rosario Robles, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en cuyas carteras los escándalos y los pendientes siguen sin aclararse. No obstante, la corrupción y la violencia son una “preocupación creciente” entre analistas, empresarios y el sector productivo, como lo advirtió el nuevo gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.
En la sede priísta de Insurgentes Norte, sólo se planteó “consolidar los cambios del gobierno en turno”. Meade Kuribreña dijo: “no hay que demolerlo todo, no hay que cambiarlo todo, no hay que inventarlo todo”, y sostuvo debe terminarse “de una vez por todas con la idea de que el país debe reinventarse cada seis años”. Y siguió: “apostamos por la experiencia y no por la ocurrencia; por el conocimiento y no por el enfrentamiento; por la preparación y no por la improvisación. En los programas y no en los caprichos; en las instituciones y en la ley, y no en las profecías”.
Sin embargo, también en el Banco de México, la propuesta es la continuidad. “Es un objetivo tratar de contribuir y consolidar a la institución como un pilar de la estabilidad macroeconómica, concebimos a la estabilidad macroeconómica prácticamente como un bien público el cual es necesario proveer a la economía para promover su buen desarrollo”, señaló Díaz de León.
El punto central del discurso de Meade es sin duda el más inconsistente en estos momentos: el combate a la corrupción. Precisamente, el actual inquilino de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, fue empujado a enarbolar una campaña anticorrupción por la presión de la sociedad civil de responder a los escándalos los cuales cimbraron y afectan su administración. El mexiquense aceptó la creación de un amplio sistema anticorrupción el año pasado, el cual fue consagrado en la Constitución. Pero todo se concretó a una estrategia mediática, en los hechos no ha habido ningún avance en la materia, pues el gobierno se ha dedicado a bloquear esa iniciativa negándose en redondo a cooperar en algunos de los casos más importantes en el país, como acusan los propios integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción.
Han sido frustrados totalmente los intentos por investigar el uso de la tecnología de vigilancia gubernamental contra civiles, el desvío de decenas de millones de dólares a través de universidades públicas y acusaciones de sobornos generalizados para obtener contratos de construcción. Nueve meses después de presionar para indagar el tipo de corrupción el cual provocó indignación pública y dio origen al nuevo organismo de vigilancia, éste ha sido obstaculizado a cada paso y funcionarios cercanos a titular del Ejecutivo envueltos en escándalos se les ha dotado de una armadura de impunidad jurídica no sólo desde el Poder Ejecutivo, sino también en el Legislativo y, sobre todo, en el Judicial.
Así, son intocables, por sólo mencionar a dos, el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, y el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza. El propio presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera fueron exonerados por el entonces secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, por el caso de la “Casa Blanca” de La Gaviota; lo mismo sucedió con Luis Videgaray, ex titular de la SHCP y aprendiz de canciller, por su mansión en Malinalco. En el caso del secretario de Gobernación y principal perdedor de la candidatura presidencial priísta, Miguel Ángel Osorio Chong, ni siquiera ha sido molestado por casos de enriquecimiento patrimonial.
La administración de Peña Nieto se ha negado en redondo a permitir cualquier investigación seria a sus acciones. La protección de la complicidad es la divisa del régimen peñanietista, como lo revelaron miembros del Comité Ciudadano Anticorrupción, quienes señalan tres hechos irrefutables: ninguno de los 18 jueces quienes supervisan los casos anticorrupción han sido designados por legisladores; el Fiscal facultado bajo el nuevo sistema para llevar las investigaciones independientemente no ha sido nombrado; y los miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC) sostienen son relegados de las discusiones sobre casos de corrupción importantes. A eso debe agregarse no existe un titular de la Procuraduría General de la República (PGR), no se ha concretado su transformación a Fiscalía General de la Nación, y no hay titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Por si fuera poco lo anterior, apenas se va definiendo el proceso para elegir al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ante diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF, aspirantes a ocupar la titularidad de esa dependencia comparecieron este lunes como parte del proceso de selección al cargo. De acuerdo con el calendario programado por la Comisión, comparecieron 13 aspirantes, quienes se sumaron a los 12 entrevistados el sábado pasado, de un total de 41 inscritos.
Eduardo Gurza Curiel, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), se contó entre los primeros comparecientes. Ante los legisladores, señaló: la ASF puede ayudar a combatir la corrupción, pero no es una Fiscalía para perseguir delitos. “No puede pasar inadvertido que las expectativas en la Auditoría Superior para liderar el combate a la corrupción son muchas, y en ocasiones éstas trascienden el ámbito de sus atribuciones y su diseño institucional”, indicó y precisó: “la institución deberá informar con claridad a la sociedad que no puede constituirse en fiscalía, ministerio público o autoridad jurisdiccional, ni se le puede pedir que desempeñe tales funciones”.
En medio de semejante mediocridad de un gobierno indolente, dejaron correr otra cortina de humo atacando a AMLO, asegurando habló de amnistía para mafiosos, lo cual es una aberrante mentira.
VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS
“La violencia contra quienes ejercen el periodismo ha sido una crisis para México por más de una década, y a pesar de la creación por parte del Gobierno de mecanismos de protección y persecución, todavía la impunidad y la inseguridad siguen caracterizando esta situación a lo largo del país”, lamentaron los relatores para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, David Kaye y Edison Lanza, respectivamente.
México no se puede permitir que la violencia contra los periodistas continúe y siga impune declararon y subrayaron: en algunas zonas del país los periodistas “viven aterrorizados”, pues a pesar de haberse creado instancias gubernamentales para combatir la violencia en su contra, está no se ha mitigado e incluso en los dos últimos años ha sido más complicada que hace siete años, cuando sus antecesores analizaron la situación del país en este tema.
Tras concluir su visita oficial de trabajo a México, los relatores presentaron una serie de observaciones preliminares al Estado mexicano a fin de avanzar en la confrontación contra la riesgosa crisis enfrentada hoy por los comunicadores. Entre éstas destacan: el fortalecimiento del Mecanismo de Protección a Periodistas y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión al dotarlos de más recursos, presupuesto, analistas de riesgo, capacitación de personal, para cumplir con sus fines; la implementación de una ley nacional la cual obligue a las autoridades a tener personal de protección a periodistas, así como investigar y sancionar a autores materiales e intelectuales de los crímenes contra ese sector.
Dentro de las observaciones se subraya: el gobierno mexicano debe crear un consejo de expertos internacional el cual brinde asesoría en las líneas de investigación que vincule al ejercicio periodístico, y cuente con una instancia de rendición de cuentas internacional y coadyuve a la capacitación en técnicas de investigación. En torno a la publicidad oficial, señalaron si bien es necesaria para la supervivencia de los medios, ésta debe ser regulada a partir de criterios claros, rendición de cuentas y transparencia, pues México es el país de la región que más gasta en la materia. Los relatores resalaron tienen reportes de que el actual gobierno de Enrique Peña Nieto ha destinado mil 500 millones de pesos para tal fin.
CANCÚN, LABORATORIO DEL FUTURO
Los abusos, las arbitrariedades, el robo perpetrado a los usuarios de las cajas de seguridad en Cancún, Quintana Roo, de parte de la SEIDO, no ha sido, en una de las caras de la moneda, sino un ensayo, una primera llamada de la proximidad de un Estado autoritario, violador de todas las garantías. Abusivo en sus formas de seudo investigaciones, haciendo de cada familia una célula de la delincuencia. Sin mediar ninguna orden extendida por el Poder Judicial podrán entrar a las casas, a los negocios, a las fábricas, talleres, laboratorios, a donde les venga en gana. El principio de inocencia tan publicitado dejó de existir, se vio y se vivió cuando abrieron las bóvedas no incluidas en una dizque carpeta de investigación en contra de, se dijo, la tal Doña Lety.
Como es sabido, el domingo anterior los usuarios levantaron la guardia que sostenían frente al edificio de First National Security y fue entonces cuando se decidieron a hablar, a denunciar el robo y la serie de ilegalidades cometidas y respaldadas, según se comprobó, por el encargado del despacho en PGR, Alberto Elías Beltrán. Hasta ahora no se sabe se hubiese aplicado alguna sanción a quienes, inclusive, amenazaron a los usuarios, a los Ministerios Públicos, supuestamente encargados de vigilar la aplicación correcta de la ley y obligados a aplicar el principio de inocencia, no los han tocado ni con el pétalo de una rosa.
A decir de los usuarios en un comunicado distribuido a través de las redes, pero cuyo contenido está próximo a sustentar denuncias, no solamente por las arbitrariedades y abusos, sino por los robos de los cuales fueron víctimas quienes acudieron a recuperar sus pertenencias, incluyendo también la exposición de aquellos a quienes se les exigió un porcentaje del efectivo ahí depositado. Este capítulo puede constituir el inicio de una novela de terror que se signa sobre los mexicanos de aprobarse tal como se encuentra la Ley de Seguridad Interior propuesta por quien tanto daño le ha hecho al país: EPN.
Los usuarios revelaron: “El día 9 de Octubre de 2017, los usuarios de las cajas de seguridad de la empresa First National Security (FNS) fuimos privados de nuestra propiedad y patrimonio mediante el aseguramiento de las 1540 cajas ubicadas dentro de la bóveda de su inmueble. La SEIDO, afectando a gente de más de 25 nacionalidades, sin una orden de cateo judicial que cumpliera con las formalidades esenciales del procedimiento legal y sin haber enviado una notificación personal de juicio alguno, violó nuestros derechos humanos y nuestros derechos constitucionales. Entre los derechos constitucionales violados, están los artículos 14 y 16. El primero señala que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio y conforme a la Ley. El Art. 16 sobre nuestro derecho a la privacidad, menciona que nadie puede ser molestado en sus posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito; en este caso una orden de cateo que limite la diligencia únicamente a las personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan.
“Hoy, a 55 días después de la clausura de FNS, a 37 días después de haber iniciado el plantón, y con 25 días desde que inició la entrega de cajas de seguridad, queremos hacer constar las violaciones a nuestros derechos humanos y constitucionales, así como el ROBO sufrido por innumerables afectados y la corrupción que ha existido en el proceso de entrega del contenido de las cajas. Como representantes de los afectados, hemos recibido y documentado muchas quejas de faltantes en el patrimonio entregado a nuestros compañeros afectados. Lamentablemente, ninguno de los casos optó por completar el proceso de reclamo ante la SEIDO por el temor ante lo que implicaba dicho proceso: Más tiempo y energía invertidos luchando con una entidad de gobierno que parece tener un poder ilimitado. A pesar de haber apoyado a la SEIDO financiando y proveyendo material de trabajo con el fin de agilizar el proceso de entrega, aún quedan muchos casos de cajas que no han sido entregadas debido a la cantidad absurda de documentación exigida a algunos afectados.
“Este protocolo de entrega inconsistente y poco transparente, nos exigió a acreditar y justificar con documentación, incluso fiscal y con imágenes personales, la procedencia lícita de nuestro patrimonio. Este acto ignoró abiertamente y descaradamente nuestro derecho constitucional de presunción de inocencia, obligándonos a comprobar que no estuviéramos involucrados en el crimen organizado. Como insulto final, la SEIDO nos obligó a firmar de conformidad, con o sin faltantes y bajo coacción para que nuestro patrimonio fuera devuelto. Por derecho, ahora solicitamos a la SEIDO de inmediato, copia del Acta firmada para la entrega de las pertenencias ya que se nos negó la entrega de la misma al momento de la entrevista. De igual manera, solicitamos al Estado que ejerza nuestro derecho a la protección de datos que se refieren a nuestra vida privada y datos personales que se encuentran en posesión de la autoridad.
“A continuación enlistamos los derechos violados: I.- Fuimos privados de nuestras cajas de seguridad; de nuestra propiedad y posesiones, sin haber recibido una notificación personal de juicio alguno. Violación 2: fuimos molestados en nuestras posesiones sin mandamiento escrito de la autoridad competente que funde la causa legal del procedimiento. Violación 3: cateo sin orden judicial. La diligencia debió limitarse a las personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan. Violación 4: no se nos permitió presentar testigos para dar fe al cateo que la SEIDO llevó a cabo. Violación 5: fuimos privados y molestados en nuestros bienes sin un juicio que cumpliera con las formalidades esenciales del procedimiento. Violación 6: la autoridad ejerció sus funciones arbitrariamente contra más de 1000 personas, incluyéndose a más de 25 nacionalidades. Violación 7: la autoridad no ha dado a conocer a los usuarios afectados la verdad de los hechos que originaron las violaciones a nuestros derechos humanos.
“II. Corte Interamericana de Derechos Humanos.- violación: el ámbito de la privacidad debió quedar exento e inmune a las invasiones arbitrarias por parte de la autoridad pública.
“III.- Declaración Universal de Derechos Humanos.- violación: los usuarios de las cajas de seguridad fuimos objeto de injerencias arbitrarias en nuestra vida privada. Violación: los usuarios de las cajas de seguridad fuimos privados arbitrariamente de nuestra propiedad. Violación: los derechos y libertades proclamados en la declaración universal de derechos humanos que permiten establecer un orden social no han sido efectivos en el incautamiento de cajas de seguridad. Violación: privacidad. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
“En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Púbico, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. Violación: fuimos molestados en nuestras posesiones sin mandamiento escrito de la autoridad competente que funde la causa legal del procedimiento. Violación: cateo sin orden judicial. la diligencia debió limitarse a las personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan. Violación: no se nos permitió presentar testigos para dar fe al cateo que la SEIDO llevó a cabo.
“Comisión Nacional de Derechos Humanos.- Derecho a la propiedad. Es el derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer sus bienes de acuerdo a la ley. Dicho derecho será protegido por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado, ni molestado en sus bienes sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Sólo en caso de interés público, y observando la debida indemnización, el Estado puede restringir el derecho a usar, disfrutar y disponer de ella. Violación: fuimos privados y molestados en nuestros bienes sin un juicio que cumpliera con las formalidades esenciales del procedimiento. Está la exigencia de reparación de los daños, el derecho a conocer la verdad de los hechos que originaron las violaciones.
“El honor de las personas se vio alterado. La SCJN señaló además que la protección constitucional de la vida privada no sólo implica conducir parte de nuestra vida protegido de la mirada y las injerencias de los demás sino que además guarda conexiones con otras pretensiones que, según la Corte, algunas constituciones reconocen como derechos conexos, tales como: el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones relativas al propio plan de vida; el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de la integridad física y moral; el derecho al honor o reputación; el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia; el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto tipo de fotografías…. Violación: el ámbito de la privacidad debió quedar exento e inmune a las invasiones arbitrarias por parte de la autoridad”.
La verdad sobre lo supuestamente escondido en esas cajas de seguridad sigue protegida. Tal vez, en efecto, hubiesen videos y documentos comprometedores para Peña Nieto, pero también para el PRI y sus aportaciones para la comisión de fraudes electorales. Tal vez, se trate de un ensayo de la etapa de terror que podríamos vivir en un futuro muy próximo.
DE LOS PASILLOS
Un centro de exterminio utilizado por una célula del crimen organizado, al parecer de Los Zetas, para torturar y desaparecer a sus víctimas, fue localizado por familiares de personas desaparecidas en el estado de Coahuila, “en pleno desierto, en medio de la nada”, entre San Antonio El Alto y San Francisco, ejidos de Matamoros. La profesora Silvia Elida Ortiz Solde Meade la estructura de impunidad, la finallidad etas
hebillas, restos de ropa; zapatos, botas de hombre y de mujer”io y garaís, coordinadora y vocera de “Victimas por sus Derechos en Acción, Grupo Vida”, informó en el sitio localizaron “un aproximado de tres mil fragmentos óseos, 25 radicales, que son piezas dentales; casquillos, hebillas, restos de ropa; zapatos, botas de hombre y de mujer”…
Antes del jueves habrá noticias sobre la extradición del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, adelantó su abogado, Carlos Carrillo. En entrevista radiofónica, confió se cuente con “un tipo de definición rápida y se proceda entonces conforme a la ley”… En los próximos días se definirán los recursos presentados por la defensa del ex mandatario, quien permanece recluido en La Chirola, ubicada en el distrito de Ancón, en Panamá… Borge Angulo, quien enfrenta un juicio de extradición por peculado y lavado de dinero, no ha desistido de la presentación de recursos, pero ya han salido dos decisiones judiciales en su contra, precisó Carrillo. “No hemos desistido, pero ya han salido las resoluciones judiciales y en las que están pendientes se proyecta que sean en breve… Nosotros tenemos que tomar decisiones, igualmente, de mañana al día jueves por lo que en los próximos días se resolverá la situación del señor Roberto Borge”, confió el litigante.
El PRD cerró filas con Miguel Ángel Mancera para hacerlo su candidato presidencial por el Frente Ciudadano por México. Alejandra Barrales, todavía dirigente nacional del PRD, los gobernadores de Michoacán y Morelos, Silvano Aureoles y Graco Ramírez, respectivamente, así como líderes de distintas corrientes, se presentaron en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento para “cerrar filas en torno al ejecutivo local”… Barrales Magdaleno señaló que por unanimidad se decidió que Mancera Espinosa es quien “debiera seguir encabezando, cómo se ha manifestado hasta el momento, las preferencias entre la ciudadanía”. La coalición entre el Sol Azteca y los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, es la mejor alternativa para la elección de 2018, dijo al ser entrevistada luego de la reunión…
Frente al fracaso de la actual política contra los cárteles de la droga en México, ahora el encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, planea constituir una DEA a la mexicana… Durante la 38 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en Valle de Bravo, Estado de México, el funcionario explicó su intención de crear una Oficina Nacional de Política Antidrogas (ONPD), una nueva área homóloga a la instituida en Estados Unidos desde 1989…
Dentro de su propuesta de un nuevo modelo homologado de procuración de justicia, “nos hemos propuesto fortalecer la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dotarla de mayores facultades y capacidades técnicas para realizar ciberinvestigaciones; crear una Oficina Nacional de Política de Drogas e integrarle un Centro de Formación y Desarrollo”. Elías Beltrán indicó la cooperación entre las 33 procuradurías y fiscalías es y seguirá siendo condición para constituir un modelo homologado el cual permita hacer plenamente operativo el sistema de justicia penal acusatorio y garantizar los derechos humanos.
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