CIUDAD MÉXICO, 15 de noviembre (AlMomentoMX).— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, la cual se promulgó con el fin de generar un marco legal que justifique el uso de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina en materia de seguridad en todo el territorio nacional.
Durante la sesión de este jueves, nueve ministros votaron a favor de la invalidez de la legislación y en contra del proyecto de Jorge Pardo Rebolledo que buscaba declarar constitucional la legislación.
Los ministros consideraron que el Congreso de la Unión incurrió en violaciones al proceso legislativo, no consideró las afectaciones que esta norma causaría a las comunidades indígenas, no diferenció de manera adecuada la seguridad nacional con la seguridad interior y la seguridad pública.
Luis Aguilar Morales, ministro presidente de la Suprema Corte, destacó la labor de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, pero hizo un llamado para presentar una legislación que dé certeza jurídica, porque de aprobarse la actual ley se podría generar un mal mayor a las fuerzas armadas.
El único que votó a favor fue el ministro Pardo Rebolledo, quien manifestó no estar de acuerdo con la visión que tienen algunos de sus homólogos, pues consideró que esta ley intentaba regular las acciones de la fuerzas armadas en el país, por lo que es necesario que cuenten con un marco regulatorio. La Ley de Seguridad Interior, abundó, no está empoderando a las fuerzas armadas.
La Ley fue aprobada el 17 de diciembre de 2017 por el Congreso de la Unión y el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación cuatro días después; de inmediato fue impugnada por diversas organizaciones y organismos, entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el INAI, así como municipios y algunos legisladores federales
A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional alertaron que la Ley de Seguridad Interior permitiría más violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas y ejecuciones extraoficiales.
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