La última reforma y la reforma que viene

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Mtro. Antonio Horacio Gamboa Chabbán*

 

reforma política y electoralDespués de la reforma constitucional de 2007 y legal de 2008 en materia electoral, el Instituto Federal Electoral (IFE) sufrió un cambio significativo: Una serie de atribuciones, que se implementaron en poco tiempo y que sirvieron de base para que el IFE, encontrara un nuevo marco de referencia en las actividades vinculantes con los órganos electorales a nivel local, entre otros temas. Si bien, el nombre del IFE no se transformó, si se incrementaron 53 nuevas atribuciones que el IFE con muy poco tiempo de por medio, implementó, de frente al Proceso Electoral Federal 2009.

 

A manera de ejemplo, hasta antes de esa reforma, el tema fundamental que vinculaba la actividad de los órganos electorales locales con el IFE, era el relacionado con la entrega de listados nominales, y para tal efecto, se firmaban y se firman convenios de apoyo y colaboración, como entonces y como hasta ahora, para que las autoridades electorales locales contaran de manera oportuna con listados nominales para el día de sus elecciones, dado que la tarea del Registro Federal Electores y del Padrón Electoral, constituyen tareas que se realizan por una sola autoridad en todo el país, que es el IFE.

 

Después de las reformas constitucional y legal de 2007 y 2008 respectivamente, se determinó una nueva tarea nacional para una autoridad federal y que fue, la Administración de los Tiempos del Estado en materia de Radio y Televisión que por mandato Constitucional, en materia electoral, le corresponde al IFE, como autoridad única.

 

Más allá de emitir un juicio, si la reforma señalada, cumplió sus objetivos o no, he de comentar algunas experiencias con este último tema, dado que a finales de 2008, es decir, al inicio de la responsabilidad del IFE en esta materia, tuve el privilegio de servirle a mi país, encaminando esfuerzos para cumplir con las obligaciones constitucionales y legales en materia de Administración de los Tiempos del Estado en radio y televisión.

 

En ese sentido, he de señalar, que como Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, me correspondió entre otras actividades, coordinarme con todas las autoridades electorales del país, tanto administrativas como jurisdiccionales, y uno de los objetivos que tenía era precisamente identificar las necesidades de los órganos electorales en materia de transmisión de sus mensajes así como obtener información para la coordinación con los partidos políticos que contaban con registro a nivel local.

 

Es así, como conocí, entre otras autoridades a las Presidentas y Presidentes de Órganos Electorales Locales, así como a las Consejeras y Consejeros Electorales que integraban esos órganos, durante el periodo que tuve esa responsabilidad y que fue, desde finales de 2008 y hasta abril de 2011, y constaté que sus principios y alcances estaban encaminados a servirle al país conforme a su responsabilidad, por supuesto, son expertos de la materia electoral y excelentes interlocutores con capacidad de negociación, entre otros atributos.

 

Otra de las experiencias que he de compartir, está relacionada con la capacidad que tuvo el IFE para implementar una reforma de esa naturaleza, en tan poco tiempo, complicaciones técnicas, operativas, legales y de coordinación, al exterior y al interior del IFE, que en su momento, y con la participación de mandos superiores, mandos medios y personal operativo y por supuesto, la experiencia e invaluable actividad institucional de los miembros del Servicio Profesional Electoral, se logró concretar de manera exitosa.

 

Al respecto, el IFE realizó una serie de acciones, en principio, para conocer cómo operaba técnicamente la radio y la televisión. Se realizaron acercamientos con concesionarios y permisionarios que dieron acceso sin limitante alguna, a sus instalaciones en cualquier lugar del país, para mostrar de qué manera operaban sus equipos, con múltiples demostraciones técnicas y operativas, que permitieron conocer los alcances de la operación.

 

A lo largo de muchos meses, se realizaron reuniones con la Industria de la Radio y la Televisión, con la finalidad de identificar paso a paso, qué acciones debía seguir la Industria, concesionarios de radio y televisión, a efecto de concretar la aplicación de la reforma electoral.

 

Por supuesto, que con ello, el IFE en modo alguno escatimó en ejercer las atribuciones con las que contaba como Autoridad Electoral, tan es así que cuando fue necesario, se procedió a hacer valer la letra de la ley, tal y como consta en múltiples sesiones de Consejo General del IFE en las cuales se planteó y aprobó sancionar a concesionarios y permisionarios de radio y televisión, por incumplimientos a las transmisiones que eventualmente se presentaban y que, después de las impugnaciones que llegaron a interponer ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en muchos casos, quedaban confirmadas.

 

También se llevaron a cabo reuniones con permisionarios de radio y televisión, así como con radios universitarias, radios comunitarias, en fin, una serie de reuniones que permitieron ejecutar la ley, en sus términos y en beneficio de que en esa etapa, la reciente reforma electoral aprobada, identificara a una Autoridad Electoral cumpliendo la Ley ante todo, no obstante que la reforma legal se aprobara y publicara unos meses antes de la temporalidad que establece la norma, para que existan condiciones legales para la modificación de las reglas del juego, es decir, unos meses previos al inicio del Proceso Electoral Federal de 2009.

 

La reforma que fue, dejó sentir su fuerza, en mi experiencia, precisamente cuando toda la actividad de una Dirección Ejecutiva, como fue la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, desde el punto de vista organizacional y operativo, se tuvo que reagrupar, reestructurar, reorganizar y reiniciar actividades al corresponderle la aplicación de una parte tan importante de la Reforma Electoral, y en consecuencia, se marcaba el inicio de una nueva etapa de sus responsabilidades.

 

Cabe señalar, que previo a la reforma, la experiencia adquirida estaba focalizada en materia de fiscalización de los recursos y ya con la reforma aprobada, en materia de radio y televisión, por supuesto conservando su experiencia y actividades en materia de partidos políticos, por lo que hace a registro de nuevos partidos, agrupaciones políticas, registro de dirigencias, cálculo y ministración de los recursos consistentes en las prerrogativas de los partidos políticos y por supuesto la tarea minuciosa de registrar candidaturas, como tarea operativa en apoyo al Consejo General del IFE, entre otras.

 

Ahora bien, referente a las nuevas responsabilidades en materia de fiscalización, por supuesto que el IFE enfrentó un nuevo modelo de fiscalización, que tuvo su primer encuentro durante 2009 y cabe señalar, que para la elección federal de 2012, encontró diferencias entre los propósitos de la regulación y la realidad que se opera en los partidos políticos.

 

La fiscalización de las actividades de los partidos políticos, constituye una tarea incansable, dado que es a los partidos fundamentalmente, a quienes corresponde en un primer momento, proveer a la autoridad electoral, en concreto a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del IFE, de información documental, técnica, de operaciones, dicho de manera coloquial, qué y cómo están gastando el dinero público que reciben del IFE, y qué otras fuentes de ingresos tienen como partidos políticos, que a manera de financiamiento privado reciban, el tipo de operaciones que realizan, así como las actividades en concreto que llevan a cabo como parte del cumplimiento de sus operaciones financieras.

 

A partir de la última reforma, la reciente creada Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del IFE, contó con mecanismos que le permitieron allegarse de información por parte de autoridades e investigar a partir de información de terceros, a efecto de determinar si lo que están reportando los partidos políticos, es el total de sus operaciones, si las que están reportando coinciden con las que terceros reportaron a la autoridad competente en materia fiscal y si la autoridad competente en materia fiscal aporta elementos adicionales que le permitan a la Unidad, identificar operaciones que adicionales a las reportadas por los Partidos Políticos le permitan afinar sus dictámenes de frente a posibles resoluciones que sancionen a partidos políticos por su falta de información, información incompleta o inclusive, falsa información proporcionada.

 

Durante 2009, con un total de 300 candidatos federales a cargos de elección popular, que por mayoría relativa, reportaron operaciones financieras de todos los partidos políticos y coaliciones contendientes, se identificaron múltiples operaciones que le permitieron a la Unidad de Fiscalización proponer al Consejo General un Dictamen que por primera vez se hacía cargo del nuevo modelo de Fiscalización de los Partidos Políticos, bajo las nuevas reglas y con nueva autoridad técnica que analizó y propuso sancionar a partidos políticos y coaliciones por sus incumplimientos a la ley.

 

En sesión extraordinaria celebrada el 4 de julio de 2011, el Consejo General del IFE, discutió y aprobó por unanimidad, con la participación y aportaciones de todos los partidos políticos, el Reglamento de Fiscalización del IFE, que fue vigente para el pasado Proceso Electoral Federal de 2012

 

Por supuesto, que la norma de fiscalización, considera algunas reglas que durante años precedentes de elecciones federales se contemplaban en las reglas similares que sirvieron de base para regular esos temas, como el caso de las normas en materia de prorrateo de los gastos entre los candidatos de un mismo partido o coalición.

 

Ya para 2012, con la experiencia adquirida en el Proceso Electoral intermedio de 2009 y con una sola reglamentación, la Unidad de Fiscalización, conoció la contabilidad no tan sólo de 300 contendientes que correspondían a candidatos a Diputados por Mayoría Relativa de partidos políticos y coaliciones, también conoció lo relativo a la contabilidad de candidatos a Senadores, así como a candidatos a Presidente de la República, lo que incrementó de manera muy importante el número de operaciones financieras y fiscales a revisar en comparación con el número de operaciones revisadas y dictaminadas durante 2009.

 

Precisamente derivado de los trabajos técnicos del Proceso Electoral de 2012, fue cuestionada la Unidad de Fiscalización, por el análisis de la información que proveyeron los partidos y coaliciones, así como la valoración que hizo a temas específicos en los cuales se centró el debate de los partidos políticos durante el Proceso Electoral Federal 2012, pero que más allá del análisis técnico realizado por la Unidad, a manera de ejemplo, el debate se hizo sentir en la mesa del Consejo General, en la discusión y aprobación de temas del gasto de los partidos políticos y coaliciones, específicamente con los criterios de prorrateo y gastos relacionados con los partidos políticos para pagar estructuras partidistas, así como con cuestionamientos a posibles acciones indebidas relacionadas con la compra y coacción de voto, conductas que cabe señalar, no fueron acreditadas ante las autoridades competentes.

 

Es así, como el esfuerzo de muchas voluntades han generado reformas que son necesarias para administrar la resolución de conflictos que requieren de una autoridad con mayor capacidad de participación, celeridad y análisis al resolver conflictos, como lo fue, la última reforma, que en un rubro específico, el de los procedimientos especiales sancionadores, tiene su antecedente en la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada bajo la clave SUP-RAP-017/2006, que es el precedente del procedimiento especial sancionador como un procedimiento expedito para resolver controversias con urgencia, ante la inminencia de violaciones que pongan en riesgo una etapa del Proceso Electoral de que se trate.

 

Las impugnaciones de referencia, se dieron, en el contexto de cuestionamientos políticos al actuar de la Autoridad Electoral, derivados del Proceso Electoral Federal 2006, y, en su momento, representaron aspectos de perfeccionamiento a nuestras instituciones democráticas. La reforma Constitucional de 2007 en materia electoral, representó una necesidad de nuevas reglas, porque eran ya necesarias nuevas reglas del juego.

 

Ahora, después del Proceso Electoral Federal 2012, la reforma que viene, será producto del nuevo país que evolucionó después de la última reforma y después de haber experimentado, bajo las nuevas reglas, dos procesos electorales federales, uno llamado intermedio, con elecciones para Diputados Federales y otro para la Elección Presidencial, elección de Senadores de la República y por supuesto, Diputados Federales.

 

Las reglas del juego para los contendientes en un Proceso Electoral, deben ser claras y las autoridades que las aplican, no deben tener temor alguno en sostener criterios de aplicación ante la evidencia comprobada, no ante la evidencia expresada en el discurso político, que por su propia naturaleza, como puede ser o como no puede ser.

 

Me explico: el país requiere de nuevas reglas en materia electoral, que permitan celebrar comicios, bajo una nueva estructura de fiscalización de los recursos, seguramente, ya con partidos de reciente registro y con la necesidad de mostrar a la ciudadanía, que la autoridad electoral, constituye una pieza clave para la Gobernabilidad del país.

 

Lo que me queda claro, es que del último Proceso Electoral Federal, a más de un millón de ciudadanos, les consta, como se organizan las elecciones, precisamente el día de la elección, dado que ese número de ciudadanos, es el que participó como funcionarios de casilla a lo largo y ancho de todo el país. A ese millón de ciudadanos, por supuesto, en la última elección federal, les consta que el IFE, representa una institución de trabajo, de resultados, de compromiso y sobre todo, de aplicación de la ley. No conozco a ningún ciudadano, que habiéndose desempeñado como funcionario de casilla en un Proceso Electoral Federal, haya generado un comentario válido de que la autoridad electoral actúa fuera de la ley.

 

Por supuesto, decir un millón de ciudadanos, involucra, no tan sólo a ese millón de manera directa, representa potencialmente, muchos millones de ciudadanos, por lo menos 3 por cada uno de los que conforma el millón que participó, que recibieron de su parte, un comentario de aplicación de la Ley, derivado de la actuación de la Autoridad Electoral.

 

A esa Autoridad Electoral que cumple con la Ley y ha cumplido con la Ley a lo largo ya de 23 años, que está comprometida a que en 2015, 2018 y los procesos electorales subsecuentes, se verifiquen procesos electorales federales apegados a la Ley, a esa Autoridad es a la que la ciudadanía le cree.

 

A esa Autoridad que administra los Tiempos del Estado, que fiscaliza, que organiza las elecciones, que capacita a lo largo y ancho del país, que es incluyente de mujeres y hombres, de indígenas, de jóvenes, entre otras tantas actividades y responsabilidades que ejerce con responsabilidad.

 

México vive nuevos tiempos de cambio y de consolidación de instituciones democráticas y la mejor apuesta de los mexicanos, es a que el funcionamiento de las instituciones se apegue a la ley, la ciudadanía quiere resultados y ese es el compromiso de toda autoridad, generar resultados!!, no explicaciones ni excusas!!

 

La reforma que viene, requiere del mayor consenso posible en beneficio de procesos electorales transparentes e históricamente válidos y por supuesto, en beneficio de la ciudadanía representada en el Congreso de la Unión, los mexicanos, lo merecemos.

 

México requiere un cambio cultural, en el hacer y en el actuar.

*Ex Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos

 

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AMN.MX/ag

 

 

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