Gregorio Ortega Molina
*Si algo va a modificar la vida institucional, política y social en México es la aprobación e implementación de la Ley de Seguridad Interior. Lo cierto es que muchos poblados viven, ya, en Estado de sitio que sólo beneficia a la delincuencia organizada
Me he opuesto de manera sistemática y con argumentos válidos a la llama Ley de Seguridad Interior, pero ahora, si quisiera corregir mi postura porque de hecho muchas poblaciones viven, ya, en Estado de sitio -en condiciones jurisdiccionalmente precarias para las Fuerzas Armadas, y francamente benéficas para los sicarios de los señores del narco-, ¿cuáles pudieran ser los argumentos?
Quien haya vivido en o visitado países en los que la soldadesca anda suelta en las calles, sabe de lo que hablo. Estuve en la España del franquismo, en la Nicaragua de Violeta Chamorro, donde los escombros dejados por Daniel Ortega eran y son un obstáculo, debido a que la seguridad estuvo en manos de los sandinistas. En Perú, cuando Alberto Fujimori libraba los últimos combates contra el senderismo de presidente Gonzalo, o el terrorismo del movimiento Tupac Amaru, a Luis Gutiérrez Aguirre y a este tunde máquinas los despertó un bombazo; debimos transitar en ciudades oscuras, con retenes y vigilancia militar que arrugaba el cuero.
A Camila -la hija de mi amigo Óscar Cuéllar- que creyó en la amnistía de Augusto Pinochet y decidió abandonar México para reencontrarse en Santiago de Chile con su propia realidad, se la tragó la hipocresía de esa milicia engañosa, que la retuvo y la desapareció en el instante en que descendió del vuelo que debía entregarla en su patria.
Este sexenio, al que le falta un año para concluir, suma más muertos y desaparecidos que el de Felipe Calderón. Hay más territorio en manos de sicarios y otras variantes de delincuencia organizada, un mayor número de instituciones policiales infiltradas y, casi con certeza, más jueces aterrorizados cuyas sentencias son determinadas por el miedo a la muerta de sus esposas e hijos o la propia; otros, por la enorme cantidad de plata que no encuentran cómo ocultar al fisco y justificar en su ética.
Naturalmente hay un riesgo al “normalizar” y dar carta jurídica de legalidad, a la actuación policial de las Fuerzas Armadas, pero ¿es preferible correrlo a permanecer inermes ante la ineficacia de los gobiernos civiles, cuyos integrantes, más preocupados por su bienestar personal y la alcancía que creen tener la obligación de juntar, olvidaron el mandato constitucional, porque así les convino porque nunca tuvieron conocimiento de cuál era y es su deber?
Nuestra realidad está fuera de foco, vivimos en la distorsión de la ley y la norma constitucional, propiciada por la impunidad que envalentona a los malos funcionarios públicos, y les facilita evadir las consecuencias de sus estropicios.
Si algo va a modificar la vida institucional, política y social de México es la aprobación e implementación de la Ley de Seguridad Interior. Lo cierto es que muchas poblaciones viven ya en Estado de sitio, y éste sólo beneficia a la delincuencia organizada, debido al debilitamiento del poder civil.
A los delincuentes se les puede y debe perseguir, incluso matar, ¿podrá hacerse lo mismo con integrantes de las Fuerzas Armadas que abusen del poder? Pronto sentiremos el peso de esa diferencia. ¿Qué harán con los marinos secuestradores de un empresario en CDMX? ¿Les darán el trato de delincuentes?
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