Gregorio Ortega Molina
*Hay una consideración de orden político fundamental para que los jueces así procedan: la corrupción de Javier Duarte de Ochoa sirvió a un sistema que cada día gobierna menos y empieza a dejar de ser útil para lograr la cohesión social, para restañar la relación gobierno-sociedad
El pilar del Estado de derecho, de la legitimidad del gobierno y de las relaciones de éste con la sociedad es, ni duda cabe, la administración de justicia. Ésta, a su vez, es instrumento legal y político, ha de satisfacer ambos rostros de Jano con un único propósito: gobernabilidad, con absoluta paz, sin violencia ni muertes.
Los niveles de corrupción alcanzados por el presidencialismo, los gobernadores y algunos representantes de los poderes Legislativo y Judicial, más que una alerta son señal de lo profundo de la decadencia del modelo político seguido al cancelar el proyecto de la Revolución.
Las cotas de impunidad logradas obligan al sistema, en su totalidad, a empeñarse en que durante el juicio penal de Javier Duarte de Ochoa priven las consideraciones políticas sobre las jurisdiccionales; imposible no apegarse a la aplicación estricta de la ley, para dar justicia a la sociedad y conjurar las consecuencias de lo que puede convertirse el desenlace de la decadencia del régimen presidencialista.
Mientras las anteriores consideraciones rondan en el magín de muchos mexicanos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pide confiar en el proceso contra Javier Duarte, solicita “fe”, como si hubiesen olvidado que México alguna vez funcionó como Estado laico, en el que la separación distante, constitucional y funcional de la Iglesia Católica, facilitó que lo que una vez fuese un proyecto de nación con destellos de éxito, funcionase en su gobernabilidad y administración de justicia, con mejores logros de lo que hoy sucede.
Naturalmente que podrían caer en la tentación de ceder a la complicidad, a la denuncia obtusa de que la justicia obtenida así es mediática, pero no legal, sin detenerse a considerar siquiera que lo urgente, lo necesario, lo útil es aplicar la justicia por encima de la ley.
Hay una consideración de orden político fundamental para que los jueces así procedan: la corrupción de Javier Duarte de Ochoa sirvió a un sistema que cada día gobierna menos y empieza a dejar de ser útil para lograr la cohesión social, restañar la relación gobierno-sociedad. El mejor linimento para hacerle zurcido invisible al tejido social es la aplicación de la justicia; imposible hacer que la ley desmerezca, como ocurrió en el caso Florence Cassez, o en la obsesión de los peces gordos de Vicente Fox, o en las venganzas políticas de Felipe Calderón, o en la idea de preeminencia del grupo Atlacomulco.
Por lo pronto, Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió en el expediente 614/2017 la suspensión definitiva para el efecto de que “no se prive de su libertad personal” a Javier Duarte de Ochoa,
Dicen que la suspensión definitiva tiene como propósito evitar que el ex gobernador sea trasladado del Reclusorio Norte a un penal de Veracruz, debido a que enfrenta procesos por cargos federales.
Pero claro, lector, los intereses de grupo pueden privar sobre los de la sociedad, si así lo decide el Poder Ejecutivo.
