Gregorio Ortega Molina
*Mientras Germán Larrea estuvo atento al fallo de la SCJN desde su residencia en San Ángel, Napoleón Gómez Urrutia lo hizo desde su escaño en el Senado, y los trabajadores aguantaron en sus humildes viviendas o en las banquetas de enfrente de Palacio Nacional
¿Tienen puntos de interés común los señores Germán Larrea y Napoleón Gómez Urrutia? Sí. ¿Coinciden en la manera de resolverlos? Deduzco que no. El primero porque me recuerda la imagen de los perversos personajes de las novelas de Ian Lancaster Fleming y sus secuelas cinematográficas. El segundo porque dice servir los intereses de los trabajadores mineros, pero vive de ellos y los engaña de obvia y fea manera.
Ahora que uno se convierte en senador de la República y otro observa atento cómo cambian las tornas en los moditos de administrar al país, pueda que este antagonismo dé de qué hablar, porque ambos cultivan su animadversión aunque los dos viven de explotar a los trabajadores y combatir su propio futuro, debido al daño que la extracción de minerales causa al medio ambiente.
Larrea estuvo atento al fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió favorablemente sobre el amparo interpuesto por los representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS); solicitaron que los ministros cuyo mandato es defender la Constitución y a la sociedad declarasen inconstitucional la autorización otorgada por la SEMARNAT a la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, para la ampliación de una presa de jales, estructura donde se almacenan desperdicios derivados de la explotación de minerales.
Los Comités informaron oportunamente que la presa se construye en la zona donde hace cuatro años se derramaron 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de esa minera de Grupo México, almacenados en una pileta de lixiviación, donde se utilizaba ácido sulfúrico y agua para separar metales de otros sólidos. El derrame contaminó los ríos Bacánuchi y Sonora, y afectó a más de 22 mil personas de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Bavícora y Ures.
“Los representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora, donde viven los afectados, aseguran que la presa de jales ya autorizada por la SEMARNAT tiene 80 mil veces más capacidad que la pileta de lixiviación implicada en el desastre ambiental de 2014, considerado el peor en la historia del país”.
Naturalmente la búsqueda de protección de la ley ha seguido su curso. Primero se interpuso el amparo en el Juzgado Noveno de Distrito de Agua Prieta, que dictó sentencia en contra porque los demandantes carecen de legitimación para interponerlo; ante la negativa interpusieron un nuevo recurso de inconformidad. El Tribunal Colegiado de Circuito de Sonora en Materia Penal y Administrativa les dio la razón. Revocó la decisión del juzgado local y determinó que el tema de fondo era tan importante que debía conocerlo la SCJN. La Segunda Sala lo admitió en abril pasado y falló favorablemente hace unos días.
Mientras Germán Larrea estuvo atento al fallo de la SCJN desde su residencia en San Ángel, Napoleón Gómez Urrutia lo hizo desde su escaño en el Senado, y los trabajadores en sus humildes viviendas o en las banquetas de enfrente de Palacio Nacional, el edificio del gobierno de la Ciudad de México y la propia sede de la Corte. ¿Es el ocaso del México neoliberal? Es demostrar quién está al mando.
