Gregorio Ortega Molina
*¿Quién administra el Fondo Carretero y cede concesiones que poco o nada retribuyen la inversión? ¿Cómo y por qué se vendió el sistema bancario y financiero mexicano -salvo Banorte, Inbursa y los bancos locales- cuyas ganancias crecen más que el PIB y nos convierten en exportadores netos de capitales?
Los problemas políticos que devienen dramas y se convierten en fracasos, inician cuando los administradores del Estado saben perfectamente dónde están parados, pero se niegan a reconocerlo. Antonio Di Benedetto lo expresa bien en Zama: “Ninguna disculpa cabe frente al instinto que nos previene y no respetamos”.
La bancarrota administrativa fue anunciada desde la conclusión del sexenio del último presidente de la Revolución. El miedo a declararse insolventes -actitud soberbia de aspirante a estadista que no llegó a serlo- facilitó la neocolonización económica de México. ¿Quién suma los años que el trabajo de los mexicanos lleva pagando los intereses de la deuda, sin amortización alguna al principal, porque cuando se ha logrado, de pronto nos endeudan más?
México fue un país rico. Hace mucho dejó de serlo. Desincorporaron los activos del Estado porque vendieron a la sociedad la idea de que los gobernantes son pésimos administradores y, además, esencialmente corruptos, salvo sus honrosas excepciones. El argumento de los empresarios mexicanos y de aquellos extranjeros que se convirtieron en socios o dueños únicos de parte del patrimonio, fue que ellos serían mejores administradores y regresarían a la patria el perdido esplendor.
Pero no hay tal. ¿Quién administra el Fondo Carretero, y cede concesiones que poco o nada retribuyen la inversión? ¿Cómo y por qué se vendió el sistema bancario y financiero mexicano -salvo Banorte, Inbursa y los bancos locales- cuyas ganancias crecen más que el PIB y nos convierten en exportadores netos de capitales? ¿Y las concesiones mineras? ¿Y el empequeñecimiento de Pemex?
A lo anterior hay que añadir la quiebra moral y ética de los sistemas de procuración y administración de justicia. La verdad histórica divide al país, la indecisión en la promulgación o no de la Ley de Seguridad Interior es una muestra de ese titubeo que determina el carácter del gobierno, que se muestra más en las cajas refrigeradoras con 232 cadáveres, arrastradas por dos tráileres sin origen ni destino, sólo el de la putrefacción de esos muertos de los que nada sabemos. Bastaba con el permiso del Congreso para, con dispensa de Ley, enterrarlos con sus cédulas de identidad incierta atadas a uno de los dedos del pie y al cuello de cada uno de los yacentes.
¿Cuánto se pagó por la renta de esos camiones y quién autorizó? Hay más preguntas que respuestas, porque la descomposición es general y tan profunda que nadie aclara y tampoco nadie asume su responsabilidad.
