Gregorio Ortega Molina
*Felipe Calderón y EPN deben explicar a sus gobernados cuál es el costo real de esta inseguridad, violencia, corrupción e impunidad, y en qué medida modificó ya el carácter de los mexicanos
Desde el momento en que la política económica cedió su preeminencia a la economía política, los administradores públicos todo lo distorsionaron. Las mediciones se convirtieron en estadísticas y lo humano se transformó en números, incidencias y curvas de reincidencia, o no.
Natural que industriales, comerciantes, transportistas y todos aquellos que ven afectados sus bolsillos por el incumplimiento del mandato constitucional de los tres niveles de gobierno, por la ausencia del Estado en amplias zonas de la república, por la corrupción en los sistemas de procuración y administración de justicia y la anomia de los poderes Legislativo y Judicial, todo lo midan en pérdidas y ganancias, a eso se reduce su horizonte de vida, pero es imperdonable que los gobernantes determinen los valores legales y éticos plasmados en la Constitución exclusivamente ajustados a la óptica de la economía. Se invirtieron los valores que determinan su conducta y su moral pública.
Ahora resulta que el INEGI pretende agobiarnos con el costo económico por inseguridad y el delito durante 2017, establecido en 299 mil millones de pesos, cifra que equivale a 1.65 por ciento del PIB nacional. No habla de oídas, los resultados están avalados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2018.
“El estudio estimó que 25.4 millones de personas mayores de 18 años de edad fueron víctimas de algún delito durante el año pasado y señaló que la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en el mismo periodo fue de 39 mil 369, cifra que supera a los 37 mil 17 registrados en 2017.
“El Inegi señaló que el costo por habitante en promedio fue de 7 mil 147 pesos e indicó que 93.2 por ciento de los crímenes cometidos en 2017 no se denunciaron, mientras que solo 6.8 del total iniciaron averiguación previa”.
Pero, y cómo miden la pérdida de vidas humanas, las desapariciones, la trata, la muerte violenta; sí, cómo evaluar el costo anímico y psicológico del desmembramiento de familias, de los rencores creados por la ausencia de un Estado que incumple. Las ausencias definitivas, las vidas irrecuperables, con el añadido trágico de los tráileres de la muerte, la insuficiencia de los servicios forenses, la inocultable corrupción que resulta tan imperdonable como la propuesta de perdón, aunque sin olvido.
Quisiera yo que Felipe Calderón y EPN asumieran su responsabilidad y explicaran a sus gobernados cuál es el costo real de esta inseguridad, violencia, corrupción e impunidad, y en qué medida modificó ya el carácter de los mexicanos.
