José Cruz Delgado/ Corresponsal en Michoacán
MORELIA, MICH. CIUDAD DE MÉXICO, 3 de julio (AlmomentoMX).- – A un año de haberse decretado la Alerta de Violencia de Género en Michoacán, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres) dijo que si bien se ha avanzado institucional y en armonización legislativa “nos hemos dado cuenta que la alerta no es la solución al combate a la violencia contra las mujeres, es un problema estructural y debemos trabajar desde las escuelas, hogares y obviamente de la mano con el gobierno para que haya instituciones que den respuesta a las demandas de las mujeres, no permitir la impunidad y siempre cumplir con el mensaje de cero tolerancia de violencia contra las mujeres y las niñas”
La funcionaria federal reconoció que se tiene que seguir avanzando “la alerta necesita de algún tipo de modificaciones, hicimos ya la primera cuando se cambió el sistema inmediatamente nos vamos a la investigación” por lo que dijo que se están realizando foros con organizaciones de la sociedad civil que han solicitado las alertas “y estamos evaluando que podemos modificar para mejorar este mecanismo”.
Optimista, dijo que se ha tenido avances en las recomendaciones en el tema de capacitación a ministerios públicos, campañas dirigidas para lograr la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres, empoderamiento económico de este sector “esto es importantísimo, no podemos consentir la violencia contra las mujeres si no son autosuficientes; aunque al final del día la Alerta es un mecanismo a nivel nacional y en ningún país existe”.
Debido a que no se contaba con un mecanismo para detallar los tipos de violencia contra las mujeres en este país, este día fue instalado el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán y que, de acuerdo con, “se han tenido denuncias en Michoacán, Tabasco, Guerrero, aquí lo más importante es visibilizar el tema para luchar contra esa violencia”. Aseguró que para ello no se requieren recursos económicos, sino solo una buena coordinación, identificar qué tipos de políticas se necesitan.
En el estado de Guerrero se ha registrado mayor violencia política en el país, por lo que el observatorio obedece a una iniciativa “necesitamos más información y cifras más certeras sobre todo precisas en la situación en que están las mujeres, identificar los derechos político-electorales de las mujeres ¿cuántas mujeres hay en las presidencias municipales?, ¿cómo están conformados los ayuntamientos?, ¿cuántas gobernadoras hay y la presencia de mujeres en gabinetes?, pero sobre todo saber cuáles problemáticas están enfrentando para tener acceso a cargos de elección”.
Cruz Sánchez reconoció que en la mayoría de las entidades se ha avanzado sobre este tema y en los 12 estados que falta este observatorio ya se tienen fechas para su instalación “la idea es tener todos antes del mes de septiembre”. Este trabajo, aseguró se viene realizando con claridad y entusiasmo por parte de las titulares de institutos estatales “y queremos que sea en esa fecha por la importancia que significa el 2018 y por eso la instalación de esta plataforma de políticas de capacitación para todas las mujeres, debemos llegar empoderadas sin importar el partido político al que pertenezcan”.
Por su parte, la Asociación Civil Humanas sin Violencia le encuentra serias deficiencias al programa Alerta de Género que se decretó en 14 municipios michoacanos, debido a que “exige el diseño de un programa de trabajo que sustente una estrategia intergubernamental coherente e integral; este mecanismo de protección de derechos humanos aún no es aprovechado para impulsar una efectiva política pública de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia feminicida”.
En rueda de prensa, Circe López Ríofrío, presidenta de dicha asociación destacó que algunos de los hallazgos que encontraron en el monitoreo sobre esta alerta es que tiene un avance de cumplimiento de sólo el 12.90 por ciento; que no cuenta con una metodología que integre los aportes del informe del grupo de trabajo y la declaratoria de procedencia; que la etiquetación de recursos públicos para su implementación en los municipios es inexistente y que no se impulsó la participación ciudadana de las mujeres ni de las organizaciones de la sociedad civil en la creación y conformación de Redes Comunitarias para la prevención y atención de la violencia de género.
La luchadora social confía en que este mecanismo tiene que funcionar “solo si el gobierno del estado se compromete a realizar más que simples acciones de visibilización discursiva. Valorar este mecanismo significa tener un profundo compromiso con las mujeres michoacanas, además del respeto a sus derechos humanos principalmente el derecho a una vida libre de violencia”.
En ese sentido López Ríofrío dijo que el gobierno del estado tiene que reconocer que Michoacán “sigue siendo un territorio en disputa por el poder, en el que se contiende por puestos de representación ciudadana “sin embargo, cuando asesinan a una mujer en ese espacio de disputa, no asumen la responsabilidad ni las repercusiones de los feminicidios en el territorio que administran, lo que propicia la construcción de supuestos argumentos que responsabilizan a las mujeres de su muerte en contextos familiares y sociales”.
Ante este panorama, esta asociación propone al gobierno trabajar conjuntamente a fin de adoptar medidas necesarias y reales que erradiquen la violencia feminicida; con los poderes legislativo y judicial un trabajo coordinado para evitar la impunidad; exigen a los poderes del país y el estado, así como a los ayuntamientos etiqueten recursos para la implementación de la AVGM; se pronuncian para que la valoración psicológica juzgue el estado mental de la mujer, no su condición de víctima; que los llamados de las víctimas sean atendidas de manera pronta.
AM.MX/fm
